JEP imputa a
15 miembros del Ejército por “falsos positivos”
En una rueda de prensa
llevada a cabo hoy, la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para
la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 15 miembros del
Ejército que pertenecieron al Batallón de Artillería La Popa.
Los militares fueron
señalados máximos responsables por su participación determinante en el
asesinato de 127 personas en el norte de Cesar y el sur de La Guajira, dentro
del Caso 03 de los que adelanta la JEP, referente a los denominados “falsos
positivos”. (Lea: Restricción de libertades y participación política de ex FARC
deberán ser definidos por el Tribunal de Paz de la JEP)
La Sala explicó que en
las investigaciones que se adelantaron por estos hechos en la jurisdicción
ordinaria y en la justicia penal militar fueron vinculados alrededor de 280
integrantes del Ejército, pero solo se profirieron 14 sentencias condenatorias,
de las cuales solo siete se encuentran ejecutoriadas. Agregó que del total de
asesinatos cometidos solo 37 de los documentados por la JEP habían sido
reconocidos por las autoridades como homicidios agravados y homicidios en
persona protegida.
Concretamente, los
comparecientes fueron imputados a título de coautores por los delitos de
homicidio en persona protegida y desaparición forzada del Código Penal, así
como los crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada de
personas, y el crimen de guerra de homicidio. La Sala agregó que “existió un
ataque generalizado y sistemático contra la población civil en relación con
estos hechos”.
Recordemos que dentro
de este caso fueron priorizadas seis zonas del país, luego de establecer el
universo provisional de hechos a partir de la contrastación de las bases de
datos de la Fiscalía General, el Centro de Memoria Histórica y diferentes ONG
de derechos humanos y víctimas. Las zonas priorizadas son Catatumbo, Antioquia,
Huila, Casanare, Meta y Costa Caribe, perteneciendo a esta última zona la
imputación anunciada el día de hoy. (Lea: JEP prorroga por seis meses plazo
para que víctimas entreguen sus informes)
El auto de 397 páginas
detalla, entre otros aspectos, el modus operandi de los máximos responsables;
explica los delitos imputados a la luz del ordenamiento jurídico interno y del
derecho penal internacional e igualmente condensa los daños sufridos por las
víctimas, entre los que se destacan particularmente los sufridos por las
comunidades indígenas Wiwa y Kankuamo.
Igualmente, el auto
identifica dos patrones de macrocriminalidad insertos “dentro de un plan
criminal articulado por objetivos, recursos, roles y modos de operación comunes
que estuvo orientado a la consolidación territorial, a mostrar avances en la
guerra en contra de las guerrillas y las distintas formas de criminalidad que
afectaban a la población de la región”. (Lea: Término para la socialización del
informe de la Comisión de la Verdad debe fijarse mediante decreto)
El primero es que
“asesinaron a personas señaladas de pertenecer a grupos armados ilegales o de
delincuencia común sin contar con información que verificara dichos
señalamientos y sin que se hubiera presentado combate alguno”. El segundo
indica que “se seleccionaron víctimas en condición de vulnerabilidad,
incluyendo personas sin redes de apoyo o familiares que no los intentaran
buscar al ocurrir su desaparición y a quienes engañaron mediante promesas de
presuntos trabajos legales o ilegales, para captarlas y asesinarlas”.
Finalmente, la Sala
señaló que luego de la imputación hecha por la JEP los señalados tienen 30 días
hábiles para reconocer los hechos y su responsabilidad o rechazarlos. Con el
mismo plazo cuentan las víctimas acreditadas y el Ministerio Público. Agotado este
término se procedería a llevar una audiencia pública de reconocimiento en caso
de que haya reconocimiento y aporte a la verdad plena. Si los militares niegan
su responsabilidad, se remitirá el caso a la Unidad de Investigación y
Acusación (UIA) de la JEP. (Lea: JEP presenta cargos en contra de ocho
exmiembros de las FARC-EP por el delito toma de rehenes)
Posteriormente, el caso
pasaría a manos del Tribunal para la Paz que, en caso de haber reconocimiento,
impondrá una sanción propia o, a aquellos comparecientes que nieguen su
responsabilidad y sean vencidos en juicio, podrá imponerles una pena de hasta
20 años de cárcel. Las magistradas Belkis Izquierdo, Julieta Lemaitre y Lily
Andrea Rueda aclararon su voto.
Jurisdicción Especial
de Paz, Auto, 128, 07/07/2021.
