Por: Hugues Gámez Gámez
Después de la polémica generada en la opinión pública por las denuncias de ciudadanos y periodistas que afirmaron haber sido impedidos de grabar las sesiones del Concejo Municipal, ahora dos concejales de San Juan del Cesar, cuyos nombres voy a omitir en este comentario por razones éticas, han salido al paso negando tales restricciones, eso lo hicieron en un programa radial en esta misma empresa.
En declaraciones recientes, dos miembros de la corporación aseguran que “nunca se ha prohibido grabar” y que las sesiones siempre han sido públicas. Sin embargo, estas afirmaciones contrastan con los testimonios de ciudadanos y periodistas que relataron haber sido advertidos o incluso retirados del recinto cuando intentaban registrar el desarrollo de los debates, sobretodo en el debate sobre el proyecto de transito municipal.
Palabras más palabras menos dijeron, “Lo que buscamos es orden, no estamos en contra de que graben”, aseguraron dos concejales, no obstante, no explicaron por qué en ocasiones anteriores se restringió el uso de dispositivos de grabación, es decir, se quisieron lavar las manos, pero no tuvieron argumentos para justificar sus malos procederes.
Este cambio de discurso de los dos concejales ha generado más dudas que certezas, ya que no existe un pronunciamiento oficial que aclare si la grabación está permitida libremente, si hay normas internas que la condicionan, o si todo ha sido un malentendido.
Mientras tanto, sectores ciudadanos piden que se garantice de manera clara y pública el derecho a registrar y difundir lo que ocurre dentro del concejo, como mecanismo de vigilancia ciudadana.
Crece el llamado a la transparencia
La situación ha reavivado el debate sobre la necesidad de que los entes públicos mantengan una comunicación abierta con la ciudadanía y permitan el control social sin trabas.
Es que quienes tenemos la intención generar contenidos, hemos insistido en que la grabación de las sesiones no es un favor, sino un derecho constitucional, sustentado en los principios de publicidad y transparencia administrativa.
“No se trata solo de permitir grabar, sino de crear una cultura real de apertura democrática, porque el pueblo quiere es saber qué decisiones se están tomando en su nombre”.
¿Y ahora qué?
Ante la controversia, se espera que el Concejo Municipal emita una postura clara, oficial y pública que confirme que cualquier ciudadano o medio puede asistir y grabar las sesiones sin restricciones indebidas, porque solo con hechos concretos se podrá disipar la percepción de secretismo y recuperar la confianza entre la ciudadanía y el concejo municipal.
La situación de prohibición de grabar las actuaciones de los concejales ha generado una cadena de críticas, presión publica por parte de la ciudadanía, porque eso significa que estamos ante un retroceso de la transparencia institucional, violación de los derechos de información, en síntesis, el concejo con su comportamiento no garantiza la participación ciudadana.
En días recientes, varios ciudadanos y medios locales han denunciado que a periodistas y miembros de la comunidad se les ha impedido grabar o transmitir en vivo las sesiones del Concejo Municipal de San Juan del Cesar. Esta situación ha generado una ola de críticas por lo que muchos consideran un retroceso en la transparencia institucional. Sin embargo, ante la presión pública, varios concejales han salido al paso asegurando que nunca han negado tal derecho y que la participación ciudadana está garantizada.
Y es que, a pesar de esas declaraciones de los dos concejales, los hechos son contradictorios, en mi caso por ejemplo no tuve alternativa diferente sino de retirarme porque no me permitían generar contenidos para los medios de dirijo y así hay varios testimonios de ciudadanos, inclusive al interior de la misma corporación, allí nadie podía documentar los supuestos debates, por eso mediante esta tribuna, exigimos claridad y respeto por los principios de democracia participativa y acceso a la información.
Las veedurías ciudadanas consideran preocupante que, en lugar de facilitar el control social, los concejales opten por limitarlo, a pesar de que la labor de ellos es publica
“El artículo 23 de la Constitución Política de Colombia y la Ley 1757 de 2015 sobre participación ciudadana amparan el derecho de los ciudadanos a observar, grabar y participar en escenarios públicos como los concejos municipales. Por ello, varios sectores están solicitando una resolución clara que garantice el acceso libre a las sesiones y establezca protocolos que eviten futuras restricciones arbitrarias”.
Mientras tanto, crece la presión para que el Concejo adopte medidas que refuercen su compromiso con la transparencia, como la transmisión regular de las sesiones por medios digitales, la publicación de actas en tiempo real y el respeto total a la labor de los medios de comunicación locales.
