Contraloría General estableció 21 hallazgos fiscales
por $12.088 millones, al verificar cumplimiento de órdenes de Sentencia de la
Corte Constitucional sobre derechos fundamentales de niñas y niños Wayuú
COMUNICADO DE PRENSA No. 190
Se trató de una Actuación Especial de Fiscalización sobre 42 entidades
con inversiones de $2.1 billones en La Guajira, donde se obtuvieron en total 92
hallazgos administrativos, con un número alto de hallazgos de carácter
disciplinario (72).
Tres (3) hallazgos disciplinarios corresponden a igual número de
contratos suscritos por el Ministerio del Interior por un total de $99.000
millones, y dan lugar a Indagación Preliminar (IP) por ese mismo valor.
Esta es una Actuación Especial de Fiscalización Intersectorial, con
enfoque en cumplimiento al Seguimiento de las órdenes emitidas por la Corte
Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017, que cubrió las vigencias
2019,2020, 2021 y 2022 y fue realizada por 13 dependencias de la CGR.
El Vicecontralor en funciones de Contralor General, Carlos Mario
Zuluaga, encabezó en Riohacha un acto de Rendición Cuentas con los resultados
de esta Actuación.
La Contraloría General de la República evidenció que no hay destinación
de recursos específicos para atender lo solicitado en la sentencia de la Corte
y también falta articulación entre las
entidades involucradas, tanto del orden nacional y territorial y las mismas
comunidades indígenas.
Con 21 hallazgos fiscales por $12.088 millones, 72 de carácter
disciplinario y la solicitud de apertura de Indagación Preliminar por un total
de $99.000 millones sobre 3 contratos suscritos por el Ministerio del Interior,
entre otros resultados, concluyó la Actuación Especial de Fiscalización
Intersectorial que adelantó la Contraloría General de la República en el marco
del seguimiento a las órdenes contenidas en la Sentencia T-302 de 2017 de la
Corte Constitucional.
Mediante dicha sentencia de tutela, la Corte declaró la existencia de un
estado de cosas inconstitucional, con relación al goce efectivo de los derechos
fundamentales a la alimentación, la salud, el agua potable y a la participación
de los niños y niñas del pueblo Wayuú.
Un experto equipo auditor, integrado por funcionarios de 9 Contralorías
delegadas sectoriales, 2 Contralorías delegadas generales, la Unidad de
Regalías y la Gerencia Departamental de la CGR en La Guajira, verificó el
impacto en la comunidad de las acciones
realizadas por 42 entidades estatales del orden nacional y municipal que
invirtieron recursos cercanos a los $2.1 billones en las vigencias 2019, 2020,
2021 y 2022, en pro del cumplimiento de los objetivos constitucionales mínimos
plasmados en la sentencia.
En esta Actuación Especial de Fiscalización Intersectorial con enfoque
de cumplimiento, liderada por la Contraloría Delegada para la Inclusión Social,
se establecieron en total 92 hallazgos administrativos, de los cuales -aparte
de los anteriormente reseñados- hay 1 (uno) con solicitud de Proceso
Administrativo Sancionatorio y 8 con Otras Incidencias.
El Vicecontralor en funciones de Contralor General de la República,
entregó adicionalmente algunas conclusiones preocupantes de este informe:
*Las acciones que reportaron las entidades objeto de revisión tienen que
ver con el normal desarrollo de sus actividades misionales, evidenciando que
existe una ausencia de destinación de recursos específicos para la atención de
lo solicitado en la sentencia T-302 de 2017 durante las vigencias auditadas.
*A pesar de las cuantiosas inversiones realizadas, la CGR evidenció
falta de articulación entre las entidades, tanto del orden Nacional, como del
orden Territorial y las Comunidades Indígenas.
Ejemplo de esta desarticulación se ve en atención a los niños Wayuu, en
donde la actuación especial de la CGR encontró que las entidades
gubernamentales desarrollan sus programas y proyectos, pero no comparten sus
resultados ni se comunican debidamente.
Se puso comprobar esta desarticulación en un hecho lamentable: de los
265 niños fallecidos reportados por el Ministerio de Salud, en las vigencias
auditadas (2019 a 2022), 95 hacían parte de los programas del ICBF y no fue
posible detectar a tiempo su estado de desnutrición
Esto algo que se ha vuelto común en los procesos de atención a los niños
Wayuú: las entidades desarrollan sus programas y proyectos y los resultados de
los mismos no son compartidos con otras entidades interesadas y que también
deben intervenir el proceso de combatir la desnutrición infantil.
Nada más un ejemplo, cuando se focaliza un niño por desnutrición en el
ICBF esta información no es compartida con las EPS y con el Ministerio de
Salud, con el ánimo de procurar esfuerzos mancomunados y poder ayudar al
infante en el estado desnutrición a salir de la referida situación y hacer el
seguimiento necesario.
Vale decir que el seguimiento realizado por la Contraloría Delegada para
el Sector Salud permitió determinar un incumplimiento de la meta de casos de
muertes por desnutrición aguda en menores de 5 años de la población Wayuu. La
tasa de mortalidad en los municipios de Uribia, Maicao, Riohacha y Manaure por
desnutrición promedio es 61,88 por 100.000 niños menores de 5 años entre 2018 –
2022; la cual es mayor respecto a lo registrado en el promedio nacional y
departamental.
Se observó el incremento de casos (acumulado) por desnutrición (corte a
31 de diciembre de 2022) en la población indígena Wayuu menor de 5 años,
reportados en los municipios de Uribia (161), Maicao (76), Riohacha (42) y
Manaure (151).
Por otro lado, la sentencia establece acciones relacionadas con las
“actividades de inspección, vigilancia y control por parte de la
Superintendencia Nacional de Salud, en el contexto particular y específico de
La Guajira”, conforme a las competencias de esta entidad, y se desconoce su
ejecución y resultados sobre los responsables del cumplimiento de las ordenes
de la Corte o los actores relacionados,
como la Secretaría de Salud Departamental de La Guajira, las Empresas
Sociales del Estado de los municipios del mandato judicial o las Entidades
Promotoras de Salud con habilitación en esta zona.
Otras situaciones detectadas
En el componente seguridad alimentaria se detectaron 10 hallazgos
administrativos, 6 con presunta incidencia disciplinaria y 2 con alcance fiscal
por $68.221.080.
La Contraloría pudo determinar que no se cumplió la normatividad vigente
para la operación del Programa de Alimentación Escolar (PAE), hubo deficiente
seguimiento y control a los procesos contractuales por parte de la
administración temporal y de los supervisores, para garantizar el cumplimiento
de las obligaciones el contrato, todo lo cual conllevó a que se incumplieran
los lineamientos establecidos en el programa y se afectara la calidad de mismo.
Se canceló al contratista un valor superior por concepto de costo de
manipuladora de alimentos. Adicionalmente, no se conminó a los contratistas a
la presentación oportuna de las pólizas, situación que conllevó a que se
iniciara el programa de alimentación escolar en varios establecimientos
educativos, sin que se cumplieran los requisitos de legalización del contrato y
asumiendo la administración directamente los riesgos que eventualmente se
presentaran durante la ejecución del contrato.
La Contraloría Delegada de Educación como resultado de su participación
en esta Actuación Especial de Fiscalización presentó 15 hallazgos, de los
cuales (3) con connotación fiscal al departamento de La Guajira y al municipio
de Riohacha por $149.701.116 por las irregularidades en el pago de la
prestación del servicio de las manipuladoras de alimentos del PAE y
deficiencias en el pago de la dotación de uniformes y tapabocas de este
personal. Por otro lado, se determinó hallazgo administrativo al Ministerio de
Educación Nacional por la falta de lineamientos
En el componente de salud se detectaron 18 hallazgos administrativos, 17
con posible incidencia disciplinaria y 8 con alcance fiscal por $2.257.150.297,
generados por:
Incumplimiento del principio de planeación y transparencia en la
contratación pública.
