Por: Darío Antonio Daza Betancourt
Según la Real Academia Española, un leguleyo es aquella persona que aplica el derecho sin rigor y fundado en argucias. Hoy, esa argucia ha evolucionado. El arma más letal en un pleito ya no es un acervo probatorio contundente, sino una campaña digital milimétricamente segmentada para destruir al demandado antes de que un juez siquiera abra el expediente.
Los procesos ya no corren en un solo carril. Por un lado, está la jurisdicción ordinaria, con sus términos procesales, el decreto de pruebas y el rigor del debido proceso. Por el otro, el tribunal de las redes sociales. Allí no se necesita una teoría del caso sustentable; basta con empaquetar una acusación temeraria en un video, apelar a la indignación, inyectarle presupuesto a la pauta y dictar una condena pública irreversible.
No nos engañemos: esta judicialización mediática no es un accidente producto de la pasión por la defensa, ni se hace simplemente para “ganar aplausos”. Es una táctica deliberada de extorsión litigiosa. Destruir financieramente o asfixiar la reputación del adversario en internet se ha convertido en el atajo de moda para forzar una conciliación que jamás se lograría en los estrados.
La presunción de inocencia no es una sugerencia optativa de la Constitución. Quien enfrenta una demanda o una investigación es inocente hasta que una sentencia ejecutoriada diga lo contrario. Que los propios abogados seamos a veces los primeros en pisotear esta garantía demuestra una deslealtad procesal alarmante. El artículo 32 de la Ley 1123 de 2007 es claro en sancionar la acusación temeraria y la injuria, pero a muchos colegas se les olvida por conveniencia que redactar un texto difamatorio es tan grave como radicar un memorial espurio. La libertad de expresión no blanquea la trampa.
La asimetría de esta estrategia es brutal. El daño reputacional se concreta en los diez primeros minutos de un linchamiento viral; un fallo absolutorio o un auto de archivo, en cambio, tarda años en ser proferido. ¿Y qué ocurre cuando la justicia ordinaria finalmente da la razón? Absolutamente nada. No hay presupuesto para pautar una rectificación, nadie viraliza la verdad y el daño ya es irreparable. El agresor logró afuera lo que era incapaz de sostener adentro.
Un abogado con verdadero peso jurídico no necesita incendiar Instagram o Twitter para demostrar que tiene la razón. Presenta sus pruebas, confronta duro con la ley sustancial en la mano y permite que quien tiene la competencia decida en derecho. Convertir la justicia en un reality show de ejecuciones públicas no te hace un litigante audaz; te hace un cobarde con conexión a internet.
A fin de cuentas, la conclusión es simple: si para ganar un caso necesitas difamar a tu contraparte en redes sociales, es porque tu demanda, jurídicamente, no sirve para nada.
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