Por: Hugues Gámez Gámez
La situación de seguridad para los líderes sociales y veedores ciudadanos en San Juan del Cesar ha llegado a un punto crítico, encendiendo todas las alarmas, el ejercicio del control social, un pilar fundamental de nuestra democracia local, se ha convertido en una labor de alto riesgo, donde la defensa de lo público se paga con la tranquilidad y, en el peor de los casos, con amenazas contra la vida,a los recientes y lamentables hechos que rodearon al abogado Luis Brito Ariza, se suma ahora la grave denuncia de Norfidia Rangel, reconocida veedora ciudadana del municipio, quien ha decidido romper el silencio ante los micrófonos y plataforma de Gente, Cultura y Pueblo para exponer una escalofriante realidad.
El terror psicológico como mordaza
A través de un contundente testimonio y con soportes documentales en mano entregados a esta sala de redacción, Rangel describe el calvario que significa vivir bajo constante asedio,el miedo la ha obligado a aislarse, abandonando sus círculos sociales y su cotidianidad frente al pánico de ser víctima de un atentado. “La vida le cambia a uno”, confiesa la veedora.
Las tácticas de intimidación descritas son un retrato claro del terror psicológico que azota a quienes se atreven a denunciar; motocicletas rondando su vivienda de manera desafiante, sujetos estacionados cerca de su residencia con teléfonos en mano, miradas que aterrorizan y el gesto hostil y constante de llevarse la mano a la pretina,estas acciones configuran una zozobra permanente, un secuestro en su propio hogar diseñado para mantenerla sometida y advertida sobre las consecuencias de continuar con su labor.
La negligencia institucional: ¿Protección de papel y firmas en blanco?
Sin embargo, lo más preocupante de esta denuncia periodística no proviene únicamente de los victimarios, sino de la indolencia de quienes constitucionalmente deben proteger la vida de los ciudadanos,la protección estatal en nuestro municipio parece haberse reducido a la burocracia y al papel.
Norfidia Rangel revela que la medida de protección ordenada por la Fiscalía y dirigida a la Policía Nacional ha sido, en la práctica, inoperante,la indignación alcanza su punto máximo al conocerse, según las declaraciones de la veedora, que el acompañamiento policial se limitó a una visita inicial para entregar “recomendaciones” y a un segundo encuentro con un propósito inaceptable,exigirle la firma de planillas en blanco para justificar supuestas revistas de seguridad que, asegura, jamás se ejecutaron.
El llamado desde Gente, Cultura y Pueblo
Esta revelación es una burla al dolor y al riesgo inminente que enfrentan nuestros líderes comunitarios, desde esta tribuna periodística, elevamos una dura crítica y un llamado urgente a las autoridades competentes, a la Defensoría del Pueblo, a la Administración Municipal, personería municipal y al comando de la Policía.
No podemos permitir que el miedo y la negligencia acallen a quienes vigilan la gestión pública y defienden los intereses de la comunidad. ¿Cuántas tragedias más deben ocurrir para que las órdenes de protección dejen de ser un mero trámite administrativo y se conviertan en verdaderos escudos para la vida? La seguridad de quienes ejercen el control social en San Juan del Cesar exige acciones contundentes y reales, no simulaciones ni firmas en blanco,la vida de nuestros veedores no es un juego.