Por: Hugues Gámez Gámez
Ante las múltiples y reiteradas quejas de la comunidad por fallas graves en la prestación del servicio público domiciliario de aseo, el abogado especialista en Derecho Administrativo y Servicios Públicos, Luis Horgelys Brito Ariza, interpuso un formal Derecho de Petición de Interés General y Queja ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD).
La acción de control ciudadano busca que la entidad nacional active sus competencias de inspección, vigilancia y control sobre la empresa Interaseo, responsable de la recolección y transporte de residuos no aprovechables en el municipio y sus corregimientos.
Retrasos Críticos de hasta 15 Días
De acuerdo con los reportes comunitarios que soportan la solicitud, la problemática dista mucho de ser un evento aislado. En diversos sectores del casco urbano y en zonas rurales como el corregimiento de La Junta, se han documentado demoras alarmantes que alcanzan aproximadamente quince (15) días sin recolección de residuos, vulnerando de manera flagrante la continuidad y eficiencia de un servicio público esencial para la salubridad pública.
El veedor ciudadano advierte que, a pesar de la intermitencia y los prolongados vacíos operativos, los habitantes continúan recibiendo puntualmente la facturación del servicio. Esto plantea un interrogante crítico sobre si la empresa está registrando las fallas en sus indicadores de calidad y si se están aplicando de forma efectiva los descuentos regulatorios obligatorios consagrados en la normatividad vigente.
La petición formulada a la Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo no pretende resolver un caso de facturación individual, sino exigir una revisión estructural de la operación de Interaseo en la región. Entre las pretensiones principales destacan:
Inspección del Parque Automotor: Se solicita verificar la suficiencia, capacidad y estado técnico real de los vehículos asignados al municipio, tras reportes recurrentes de averías e indisponibilidad de la flota.
Revisión de Frecuencias y Macrorrutas: Exigir al operador los registros de cumplimiento de microrrutas y frecuencias (la norma exige un mínimo de dos veces por semana) durante los últimos seis meses.
Verificación en el SUI: Contrastar la información reportada por Interaseo ante el Sistema Único de Información (SUI) con la realidad operativa que perciben cotidianamente los usuarios en las calles.
Visita Técnica de Verificación: Requerir una visita de inspección en territorio y evaluar la adopción de planes de contingencia frente a las fallas operativas presentadas durante este 2026.
Invocando mandatos constitucionales como los artículos 365 a 370, que imponen al Estado el deber de asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos, el documento enfatiza que la Superintendencia cuenta con las herramientas legales del artículo 79 de la Ley 142 de 1994 para indagar sobre patrones masivos de incumplimiento.
La comunidad y los veedores de San Juan del Cesar esperan un pronunciamiento de fondo por parte del organismo de control, exigiendo que no se limite a trasladar la queja al operador, sino que ejerza una veeduría estricta que garantice la dignidad ambiental y el respeto por los derechos de los usuarios locales.
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