Por una prestación del servicio de energía continua, eficiente y de calidad
Por: Luis Horgelys Brito Ariza
Abogado especialista en Derecho Administrativo y Servicios Públicos Domiciliarios – Veedor ciudadano
El día 18 de agosto de 2026, fui invitado por líderes sociales del municipio de Barrancas, La Guajira, a participar en un espacio convocado ante la profunda preocupación que existe en el sur del departamento por los constantes apagones, fluctuaciones y deficiencias en la prestación del servicio de energía eléctrica.
En el encuentro participaron el alcalde de Barrancas, el gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar, alcaldes del sur del departamento, entre ellos los de Barrancas, El Molino, San Juan del Cesar, Distracción, Villanueva y Urumita, representantes del Ministerio Público, personeros municipales, procuraduría, líderes sociales y el agente especial de AIR-E, Jaime Mesa Buitrago.
Aunque el encuentro fué denominado una “mesa técnica”, debo decirlo con respeto pero con absoluta franqueza, en mi concepto, tuvo más características de un conversatorio o una exposición institucional que de una verdadera mesa técnica.
Una verdadera mesa técnica debe producir soluciones, compromisos verificables, cronogramas, responsables, indicadores, fuentes de financiación y mecanismos de seguimiento, porque los habitantes del sur de La Guajira no necesitan únicamente explicaciones, necesitan soluciones.
El problema no es solamente cuánto debe air-e; el problema es cómo se garantiza el servicio
Durante el encuentro, el agente especial de AIR-E expuso la crítica situación financiera de la empresa y manifestó que existe una deuda superior a seis billones de pesos.
También se planteó como alternativa la posibilidad de realizar racionamientos o desconexiones sectorizadas frente a las dificultades que actualmente enfrenta el sistema y aquí considero necesario hacer una reflexión jurídica y ciudadana:
¿Desde cuándo la crisis financiera de una empresa puede convertirse en una razón para que los usuarios tengan que soportar indefinidamente un servicio deficiente?
Una cosa es la situación financiera de AIR-E.
Otra completamente diferente es el derecho de los ciudadanos a recibir un servicio público eficiente, continuo y de calidad,no podemos confundirlas.
Colombia es un estado social de derecho, no un estado social de excusas
El artículo 1 de la Constitución Política establece que Colombia es un Estado Social de Derecho, fundado, entre otros principios, en el respeto de la dignidad humana y la prevalencia del interés general.
Y el artículo 2 establece cuáles son los fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, esto tiene una consecuencia fundamental.
Las instituciones públicas no existen exclusivamente para administrar problemas; existen para resolverlos y garantizar derechos,por eso, cuando una comunidad lleva meses o años padeciendo interrupciones reiteradas del servicio de energía, la respuesta institucional no puede limitarse a explicar por qué ocurre.
Debe existir una solución.
El ciudadano tiene derecho a preguntar:
¿Qué se hizo? ¿Qué se está haciendo? ¿Cuánto se ha invertido? ¿Qué resultados se obtuvieron? ¿Quién responde? y sobre todo, ¿Cuándo vamos a tener un servicio verdaderamente continuo, eficiente y de calidad?
El artículo 365 de la constitución es contundente
El artículo 365 de la Constitución Política establece que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado y que es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.
No dice que el Estado debe garantizar el servicio únicamente cuando la empresa tenga buenos resultados financieros.
No dice que el usuario debe soportar las consecuencias de una crisis empresarial.
No dice que la continuidad pueda convertirse en una expectativa.
Dice que el Estado debe asegurar la prestación eficiente.
Y además establece que el Estado mantiene la regulación, el control y la vigilancia de los servicios públicos domiciliarios.
Por eso, la discusión sobre AIR-E no puede quedarse exclusivamente en los balances financieros.
La verdadera discusión debe ser:
¿Está garantizado el derecho de los usuarios a recibir un servicio eficiente, continuo y de calidad?
El argumento de las pérdidas también debe ser examinado
Durante el encuentro se hizo referencia a pérdidas cercanas al 40 %.
Si ese porcentaje es el que oficialmente maneja la empresa, entonces merece una explicación técnica y pública mucho más profunda.
Hay que determinar:
¿Cuánto corresponde a pérdidas técnicas? ¿Cuánto corresponde a pérdidas no técnicas? ¿Cuánto corresponde a conexiones fraudulentas? ¿Cuánto corresponde a problemas de medición? ¿Cuánto corresponde a deficiencias de infraestructura? ¿Qué inversiones se realizaron para disminuirlas? ¿Qué resultados produjeron esas inversiones?
Porque si durante años el argumento continúa siendo que existen enormes pérdidas y que, por esa razón, se necesitan más recursos, entonces la sociedad tiene derecho a preguntar:
¿Cuál ha sido la eficacia de la gestión para reducir esas pérdidas? no se trata de señalar culpables sin pruebas,se trata de exigir transparencia, resultados y rendición de cuentas.
Air-e no puede convertir al usuario en el pagador de la crisis
El usuario paga su factura,cumple sus obligaciones Y a cambio, tiene derecho a recibir el servicio en las condiciones establecidas por la ley y por el contrato de servicios públicos,lo que no puede ocurrir es que el ciudadano pague su factura y además tenga que asumir:
El costo de los apagones, los daños en electrodomésticos,las pérdidas de los comerciantes,los alimentos que se dañan,las interrupciones laborales, las dificultades de los estudiantes, las afectaciones de los centros de salud y la incertidumbre permanente sobre cuándo habrá o no energía,eso no es calidad de vida.
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