Foto: Ministerio de Justicia
Con propuestas de leyes, el Gobierno quiere reforzar la lucha contra la corrupción.
Con propuestas de leyes, el Gobierno quiere reforzar la lucha contra la corrupción.
En el marco de la política de lucha contra la corrupción, el ministro de Justicia y del Derecho, Andrés Idárraga Franco, al lado de las parlamentarias Clara López, María del Mar Pizarro y Catherine Juvinao, radicaron en el Congreso de la República la iniciativa, que busca blindar los derechos de los ciudadanos que reporten presuntos actos de corrupción, creando un sistema integral de protección.
La iniciativa, conocida como ‘ley Jorge Pizano’, tiene como objetivo establecer normas, procedimientos y mecanismos para garantizar la protección efectiva de los derechos fundamentales de los denunciantes, evitando retaliaciones que pongan en riesgo su seguridad física, estabilidad laboral, económica o psicosocial, así como la de sus familias.
El ministro Idárraga manifestó que “esta iniciativa es una herramienta fundamental en la lucha contra el miedo que promueven los corruptos en los territorios”, y anotó además que espera que la iniciativa tenga acogida en Senado y Cámara para que, de esta forma, “podamos lograr, no solamente la protección de los trabajadores que denuncien a sus jefes por presuntos actos de corrupción, sino también tener una serie de sistemas de protección para ellos”.
El proyecto
En la iniciativa se plantea la creación del Sistema Unificado de Protección a Reportantes / Denunciantes de Actos de Corrupción (SUPRAC), coordinado por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, con vigilancia de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo.
Así mismo, establece medidas provisionales de emergencia para los denunciantes, como reubicación temporal y apoyo económico entre 1 y 3 salarios mínimos mensuales.
Se crea el Fondo para la protección y reparación de denunciantes y afectados por actos de corrupción.
En materia de su aplicación, la iniciativa contempla que va dirigida a personas naturales, tanto particulares como servidores públicos, en riesgo por denunciar hechos de corrupción.
El proyecto cuenta con concepto favorable del Consejo Superior de Política Criminal, análisis fiscal del Ministerio de Hacienda, y ha sido socializado en foros ciudadanos.
Esta iniciativa se fundamenta en estándares internacionales como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción, y toma como referencia experiencias exitosas en otros países que han logrado reducir la impunidad mediante sistemas robustos de protección.
Con información del Ministerio de Justicia
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