Por: Luis Horgelys Brito Ariza, Abogado, Defensor de los Servicios Públicos Domiciliarios, Activista Social y Veedor Ciudadano.
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San Juan del Cesar, reconocido recientemente en el programa “Pueblos que Enamoran” del Ministerio de Comercio y el Fondo Nacional de Turismo (FONTUR), enfrenta una dura realidad que contrasta con su proyección turística. En el barrio Leticia, ubicado entre la carrera 22 y 23 con calle 2 #22-76, sus habitantes llevan más de una década luchando por condiciones dignas, sin obtener respuestas efectivas de la administración municipal.
A pesar de múltiples solicitudes, la Secretaría de Planeación y Valorización, bajo la dirección del funcionario Humberto Frías Mendoza, ha omitido su responsabilidad de garantizar la accesibilidad y el desarrollo urbano. La comunidad ha visitado en reiteradas ocasiones la Alcaldía y la Secretaría de Hacienda solicitando la intervención de una máquina para la apertura de una calle que se encuentra completamente bloqueada por maleza y escombros. Esta vía, además de intransitable, se ha convertido en un foco de inseguridad y consumo de sustancias psicoactivas, poniendo en peligro a los residentes.
El barrio cuenta con el servicio de gas domiciliario; sin embargo, enfrenta una grave crisis en materia de servicios públicos esenciales. No tienen acceso al agua potable, y el servicio de energía es deficiente debido a la falta de un transformador y cables de alta tensión que permitan una conexión estable y segura.
Resulta contradictorio que mientras el municipio busca posicionarse como un destino turístico, sus propios habitantes no puedan transitar libremente por sus calles. La situación de la carrera 23 con calle 2 #22-76, ubicada detrás de la vivienda del reconocido compositor Alexander “El Coco” Oñate, es un claro reflejo del abandono estatal.
La comunidad, cansada de la indiferencia administrativa, ha emitido un ultimátum: si no reciben una respuesta oportuna y efectiva por parte de la Alcaldía, procederán a tomar vías de hecho, lo que podría incluir el cierre de la sede municipal o de la carretera nacional, hasta que se les brinde una solución concreta.
Es imperativo que la administración municipal atienda esta problemática con la urgencia que merece. El desarrollo de un municipio no puede medirse únicamente por su atractivo turístico, sino por la calidad de vida de sus habitantes. La planeación urbana no puede seguir siendo un privilegio para unos pocos, sino un derecho para todos.