Foto: Juan Diego Cano – Presidencia
Presidente Gustavo Petro durante el Gobierno con los Barrios Populares, en El Pozón, Cartagena.
“Hoy Cartagena y Colombia tienen y van a decidir si se deja burlar el voto popular o no. Hemos llegado a ese momento.
Decían: es que Petro habla carreta, paranoico, siempre como el lobo malo, el pastorcito mentiroso: anuncia y anuncia y nunca llega. Bueno, ya comenzó el golpe. De eso tenemos que tener claridad.
Era muy difícil, en un país como Colombia, que se aceptaran las reglas del juego democrático.
Era muy difícil, indudablemente, después de que le robaron las elecciones un 19 de abril de 1970 a la ANAPO (Alianza Nacional Popular), que no intentaran hacer lo mismo ahora.
Era muy difícil que una oligarquía, acostumbrada a exterminar físicamente partidos progresistas como la Unión Patriótica, aquí decidiera aceptar las reglas democráticas pacíficas.
Era muy difícil que quienes habían ya fusilado a 6.402 jovencitos a lo largo y ancho de Colombia, simplemente para hacerlos aparecer como guerrilleros y colocar una bandera de seguridad aplaudida por el pueblo, falsa y ensangrentada, ensangrentada de sangre joven y ensuciada de cocaína, era muy difícil que estos poderes mafiosos de la corrupción –lo que bien llamó Álvaro Gómez Hurtado el régimen de la corrupción en Colombia–, acostumbrado al genocidio sobre el pueblo y acostumbrados a concentrar la riqueza nacional en sus propias manos y robársela, dejando el hambre detrás de sí y dejando la muerte, pues, aceptar que alguien que no es de ellos, que alguien que es del pueblo, haya triunfado en las elecciones limpiamente, con la mayoría popular, con el voto chocoano, nariñense, caucano, del Litoral Pacífico, con el voto bogotano de los barrios populares, de los obreros y de las obreras, con el voto de la juventud masiva, con el voto de nuestro Caribe libertario, lo fuesen a dejar gobernar en paz.
No son capaces de aceptar la democracia y la Constitución del 91, y hoy lo están demostrando.
Quisieron bañarme de corrupción para después decir: no, a ese corrupto, échenlo. Lo han intentado durante dos años y no han podido. Cada embuste se les ha desbaratado. Cada construcción, en dos, tres días, se les desmorona entre las manos, simplemente porque se construye sobre la base de la mentira.
No soy tan estúpido, señores oligarcas, para cambiar por una riqueza, que se evapora siempre también entre las manos, un proyecto político esperanzador del pueblo.
Ni bobo que fuera que fuera a cambiar por 30 monedas de plata la primogenitura y la lucha popular. Así son ustedes. Yo no.
Así que por más que hayan intentado, han fracasado. Así que tienen, como hoy, que desnudarse. Se desnudan los poderosos.
Dice la Constitución que el Presidente de la República no puede ser juzgado sino por la Comisión de Acusaciones de la Cámara.
Dice la Convención Americana de Derechos Humanos, parte de la Constitución Política de Colombia, que nadie puede perder sus derechos políticos sino por sentencia de juez penal. Es decir, porque es un criminal.
Y aquí lo que hoy anunciaron, como tocando una campana inicial, es que 11 millones y medio de colombianos van a perder sus derechos políticos, no porque ningún juez penal haya dictaminado que son criminales, sino porque así lo decidió la oligarquía colombiana y el régimen de corrupción.
Quieren determinar, como lo han hecho en tantos países de América Latina, que el Presidente de la República, a pesar de ser elegido por el pueblo de Colombia, tiene que dejar de ser Presidente, porque cuatro o cinco vagabundos corruptos de la politiquería así lo quieren y no ningún juez penal, porque el Presidente no ha cometido ni cometerá delito alguno. Su delito ante los ojos de la oligarquía es no arrodillarse ante ellos, no enterrar y rendir la bandera popular.
Hoy lo han demostrado, porque si la Constitución dice que el Presidente de la República no puede ser juzgado por entidad diferente a la Comisión de Acusaciones, y que el voto popular no se puede anular, y que el derecho político no se puede anular sino por decisión del juez penal, ¿por qué dos entes pertenecientes a un ente administrativo han dicho que levantan cargos contra el Presidente?
Eso es profundamente inconstitucional y es el inicio de un golpe de Estado en Colombia. Punto.
Y lo que nos corresponde es cómo vamos a responder. Indudablemente, depende del pueblo. El pueblo de Colombia puede retroceder, sí. Puede atemorizarse, puede quedarse en sus casas. Nos puede dejar solos. Sería respetable. Lo entenderíamos perfectamente.
Con tanta violencia que ha habido en Colombia, con tantas generaciones enterradas en la violencia que hemos tenido en nuestra historia, de nuestros padres, abuelos, bisabuelos y de nosotros mismos, si el pueblo se queda en su casa, arrasan con el Gobierno Popular y creo que repetirán, multiplicado por diez, las páginas de sangre que ellos, el régimen de corrupción ya escrito en Colombia, y nos lo ha demostrado.
Creo que, si ellos vuelven, no serían 6.402 jóvenes asesinados sino diez veces más. Creo que, si ellos vienen, llenarían de masacre los territorios en donde la población, con dignidad y orgullo, depositó su voto en las urnas para decir que querían un Gobierno del Cambio o un cambio real en la historia de Colombia.
En mi opinión, no pueden volver. Puede que cometamos errores, como todos los seres humanos, pero no podemos cometer ese error de dejarlos volver a través de un golpe de Estado. Las consecuencias sobre nosotros, esta generación y las generaciones futuras serían terribles.
Sería sacar a Colombia de la misma civilización, de la misma humanidad y arrojarlo a los brazos de la barbarie. Barbaries que ya hemos probado y vivido en carne propia y que no tienen por qué vivir nuestros hijos, nuestros nietos, la generación presente.
Por tanto, quiero que se me tome bien en cuenta el camino que creo, y como, Presidente de la República, sugiero debemos tomar.
Primero, todo soldado de la República, oficial, suboficial, debe saber que la orden del Presidente de la República es que no deben levantar ningún fusil contra el pueblo de Colombia en su libre expresión y manifestación. Que se sepa claramente y de antemano: la orden de su Comandante Constitucional por el voto popular es no levantar las armas contra el pueblo.
Para todos los miembros de la Fuerza Pública la orden es respetar la Constitución de Colombia, y la Constitución de Colombia dice y acepta que el artículo 23 de la Convención Nacional de Derechos Humanos rige en Colombia, que nadie en Colombia pierde sus derechos políticos, ni la gente que votó por mí ni el Presidente de la República, sino por sentencia de juez penal.
Esa es la orden de la Constitución. Invito a toda la Fuerza Pública a respetarla. No levantar las armas contra el pueblo.
Y segundo, una movilización que sobrepase por completo lo que vimos en este pasado 1° de Mayo.
Si se atreven, y para ello ya hay que organizar las coordinadoras de fuerzas populares en cada municipio, en cada barrio, en cada vereda, en cada cabildo indígena, en cada comunidad afrodescendiente, si se atreven a romper la Constitución y a violar el voto del año 2022, millones de colombianos tienen que salir a las calles.
Los invito, les solicito, independientemente de qué pase conmigo, y rodear pacíficamente los centros del poder en Colombia, hasta que se restablezca el orden constitucional en este país.
Es decir, que si deciden violar el voto popular en Colombia del año 2022, se instaura en Colombia el poder constituyente, de una vez, a través de la movilización masiva del pueblo colombiano.
Una de dos: o nos quedamos en la casa, lo respetaría, o cambiamos la historia de Colombia, porque los oligarcas y el régimen de la corrupción nos han convocado para ello.
A cada mujer, a cada joven popular, a cada hombre trabajador, los invito a cambiar la historia, a profundizar la democracia, a que de verdad el cambio sea real y posible.
Y a cada soldado, a cada patrullero y patrullera de la Policía Nacional, a sus oficiales, los invito a no volver atrás, a los tiempos en donde se enfrentaba al pueblo con fusiles, torturas y golpes, sino a abrazarse entre sí, a ser hermanos, a saber que Colombia ha cambiado definitivamente y que toda orden a funcionario público, armado o desarmado, proviene del Presidente constitucional de Colombia, elegido por el voto popular.
Espero, de todo corazón, que no tengamos que llegar allá, que reflexionen.
El Presidente de Colombia, el 1° de Mayo, los invitó a un Acuerdo Nacional, no para arrodillarnos nosotros, sino para que, por fin, de común acuerdo, se puedan realizar las reformas democráticas que en la sociedad más desigual del mundo son absolutamente necesarias e imprescindibles para que podamos convivir en paz y como hermanos.
Yo seguiré hasta donde el pueblo diga. Si el pueblo dice: más adelante, más adelante iré. Sin ningún temor, sin ningún miedo, iremos hacia donde el pueblo colombiano ordene.
El Presidente de la República solo tiene un comandante al frente, y ese comandante se llama el pueblo de Colombia”.
