Por: Daniel Coronell
La interinidad de Martha Mancera deja varias cicatrices en la cara del sistema judicial. Una semana antes de la demorada elección de la fiscal general, la doctora Mancera hizo uso de su poder sin límite para eliminar de un plumazo dos dependencias de la Fiscalía que servían para que las víctimas de delitos pudieran recibir atención en un solo sitio. Hace casi diez años se habían creado el Centro de Atención Penal Integral a Víctimas (Capiv) y los Grupos Élites de Delitos Especiales (Gedes).
El Capiv fue establecido para que todas las instituciones responsables de atender a las víctimas de un delito estuvieran en un solo lugar para hacer más sencillo y menos doloroso el trámite de denuncia, ayuda y atención. Dentro de ese espacio deberían despachar los fiscales, los investigadores de Policía Judicial, los funcionarios de Medicina Legal, la Alcaldía, el Instituto Colombiano de Bienestar Familia, la Defensoría del Pueblo, entre otros.
De esta manera las víctimas, razón de la existencia de la administración de justicia, podrían tener acceso en un solo sitio a asesoría psicosocial, apoyo jurídico; podían formular sus denuncias; solicitar protección; acceder a exámenes médicos y psicológigos para establecer sus lesiones y contar con acompañamiento de la Policía cuando fuera el caso.
Cuando se puso en marcha el Capiv, el fiscal general era Eduardo Montealegre y el alcalde de Bogotá era Gustavo Petro. Ellos explicaron cuál era el sentido de la existencia de ese centro.
El hoy presidente de Colombia afirmó: “El Estado debe estar al lado de las víctimas y no las víctimas al lado del Estado. Estos espacios deben volverse un lugar de refugio, abrazo, afecto institucional e integral a niños, niñas y mujeres que lleguen aquí y que hayan sido víctimas de todo tipo. El Distrito no solo estará atento, sino que también actuará ayudando”.
El entonces fiscal sostuvo: “Aquí se brindará toda la oferta institucional de las entidades que por ley cumplen funciones sociales y de protección a las víctimas, se hará de forma integral y coordinada con otras instituciones que con modelo de atención eviten la revictimización”.
En definitiva, el propósito del centro consistía en tratar con consideración a las personas que tenían que acudir ante la justicia priorizando sus necesidades para aliviar su experiencia traumática o, por lo menos, no agravarla.
En el mismo acto administrativo, de 2014, se asignó al Grupo Élite de Delitos Especiales (Gedes) la función de hacer seguimiento y control a las denuncias, para que las investigaciones no se quedaran en los anaqueles sino que avanzaran y las víctimas recibieran protección a tiempo.
Era una buena idea que por años sirvió a personas desprotegidas y víctimas de delitos, especialmente niños, niñas, adolescentes y mujeres. No pude encontrar a nadie que se quejara de la existencia del Capiv o de la función de los Gedes. En medio de la morosidad usual de la Fiscalía lograban que el camino fuera más lígero –tanto en velocidad como en peso– para los ciudadanos, particularmente para las víctimas de violencia de género.
Ninguno de esos argumentos sirvió. El martes 5 de marzo, cuando ya era inminente la elección de la nueva fiscal general, la encargada Martha Mancera expidió la resolución 00099 por medio de la cual firma la eliminación del Capiv y acaba con las funciones de delegación especial para la investigación.
¿Cuál era la urgencia de tomar esa decisión? ¿Por qué no podía esperar la llegada de la nueva fiscal general? Son dos preguntas que se quedarán sin respuestas para siempre.
Durante su lamentable encargo, la doctora Martha Mancera firmó numerosas resoluciones casi todas repartiendo de otra forma los poderes dentro de la Fiscalía General. Muchas de esas resoluciones las podrá revocar su sucesora con un acto administrativo similar.
Sin embargo otras decisiones, como esta, causan un enorme traumatismo y eliminan métodos de trabajo logrados durante años de esfuerzo y experiencias acumuladas. Solo para que ustedes se formen una idea del nivel de improvisación, les cuento que una médica especialista que atendía a las víctimas en el Capiv fue enviada a contestar correspondencia. La doctora fue asignada a responder comunicaciones del sistema Orfeo, que maneja mensajes entrantes y salientes del ente acusador.
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