Nueva medida
de aseguramiento contra el actual gobernador del Cesar Luis Alberto Monsalvo
Gnecco por un contrato PAE de 2015
La Fiscalía presentó
elementos probatorios que demostrarían la intervención del gobernador en el
direccionamiento de un contrato para garantizar la alimentación escolar en el
departamento del Cesar que generó un sobrecosto de 2.983 millones de
pesos.
La Sala Penal del
Tribunal Superior de Bogotá acogió los argumentos de un fiscal de la Delegada
ante la Corte Suprema de Justicia e impuso medida privativa de la libertad en
su lugar de residencia contra el actual gobernador del departamento del Cesar,
Luis Alberto Monsalvo Gnecco, por ser presunto responsable de los delitos de
contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.
El contrato investigado
es el 0041 de 2015, suscrito entre el secretario general del departamento con
un consorcio integrado por tres empresas. El objeto era la prestación del
servicio de alimentación escolar a los niños, niñas y adolescentes
escolarizados en las áreas rural y urbana del departamento del Cesar por un
valor de 23.538 millones, pero que en realidad tuvo un costo de 34.632 millones
de pesos. El plazo de ejecución fue de
81 días hábiles. El contrato se liquidó
en diciembre de 2015 con un sobrecosto de 2.983 millones de pesos en favor del
contratista.
Los elementos
probatorios advierten 9 anomalías graves en las fases contractuales, entre
ellas, se destaca presunta falta de planeación al firmar un contrato por 81
días y no por los 5 meses que dura un semestre escolar. Esto obligó a realizar
prorrogas en tiempo y adiciones presupuestales.
En los estudios
previos, al parecer, no se estableció la población a beneficiar ni el número de
raciones a entregar. Tampoco fueron priorizadas las comunidades indígenas, ni
se establecieron dietas ni complementos alimenticios para los estudiantes.
Otra anomalía hace
referencia a que el presupuesto oficial no estaría ajustado a las necesidades
contractuales ni a los precios de mercado.
El material de prueba
da cuenta que en la fase precontractual presuntamente existió un
direccionamiento del contrato en favor de un consorcio específico al no existir
un proceso claro de selección objetiva.
Otra irregularidad
estableció que se habría asignado un rubro para la contratación de 1.752
manipuladoras de alimentos, aunque en realidad tan solo eran necesarias 350.
La Fiscalía logró
argumentar que el señor Monsalvo Gnecco al parecer orientó la contratación,
benefició al consorcio contratante y no supervisó el proceso contractual como
lo exige la ley, y en su lugar delegó a otro funcionario.
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