Cerrejón firma nuevos acuerdos de consulta con 10 comunidades índigenas de uribia, maicao y albania

 

Cerrejón
firma nuevos acuerdos de consulta con 10 comunidades índigenas de uribia,
maicao y albania



Cerrejón ha firmado
acuerdos con 10 comunidades indígenas, ubicadas en los municipios de Uribia,
Maicao y Albania, derivados del proceso de consulta previa adelantado en virtud
de lo señalado en la sentencia T-704 de la Corte Constitucional. Con esto,
Cerrejón ya ha logrado acuerdos con 219 comunidades de su área de influencia.

“Hoy cerramos un
proceso muy importante cumpliendo la Sentencia 704 de 2016 para mí hoy como
líder wayúu ha sido histórico dar el cumplimiento a esa sentencia ya que
nuestras comunidades se siente atendidas y consentidas por la empresa
multinacional Cerrejón gracias a Dios nos dado esa oportunidad de trabajar de
la mano con la multinacional vecinos de nuestras comunidades, por las entradas
de nuestras comunidades pasan su línea férrea y son vecinas y amigos”, afirmó
Mariluz Epiayu De Luque, líder wayúu, representante de la Asociación de
Autoridades Tradicionales Wayúu Musaisha

La firma de protocolización
se realizó en una jornada de trabajo que contó con la presencia de autoridades
locales y nacionales, y derivará en la implementación de proyectos que
responden a las medidas planteadas de manera autónoma por los representantes de
las comunidades. Además, para su puesta en marcha, se respetará la autogestión
de las diferentes iniciativas por parte de las comunidades.

“Estos acuerdos, además
de estar dentro de lo ordenado por la Corte, representan el fortalecimiento de
un nuevo relacionamiento más cercano, basado en la confianza, que permite
contribuir a la construcción de comunidades más sostenibles. Quiero destacar la
importancia que tiene que sean las mismas comunidades las que están decidiendo
cuáles son los proyectos que quieren ejecutar y la forma en que los van a
implementar”, afirmó Giovanna Romero, gerente de Diálogo Social de Cerrejón.

Cabe recordar que la
sentencia T-704 de la Corte Constitucional estableció que Cerrejón debía llevar
a cabo un plan inmediato de mitigación, para las comunidades del área de
influencia, y consultar con ellas las compensaciones que fueran necesarias.






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