Imputado
exgobernador de La Guajira José María Ballesteros por presuntas irregularidades
de contratación del plan de alimentación escolar y el servicio de transporte
para estudiantes
La Fiscalía General de
la Nación identificó un posible detrimento patrimonial por más de 13.200
millones de pesos.
La Fiscalía General de
la Nación presentó ante un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá al
exgobernador de La Guajira José María Ballesteros Valdivieso, como parte de un
nuevo proceso que se le sigue por presuntas irregularidades de contratación
durante el periodo en el que estuvo en el cargo (junio de 2014 – diciembre de
2015).
En ese sentido, un
fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia imputó al exmandatario los
delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, en concurso con
peculado en favor de terceros. Los hechos investigados están relacionados con
supuestas anomalías detectadas en el trámite, celebración y liquidación de dos
contratos.
PAE La
Guajira – 2015
Para la ejecución del
Plan de Alimentación Escolar (PAE) en el departamento fue suscrito un contrato
con el consorcio ‘Nutriendo Escolares de La Guajira’, el 19 de marzo de 2015.
Tenía por objeto el suministro de complementos en la mañana y almuerzos para
estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de 15 municipios, durante 125
días.
A este contrato se le
hizo una adición, con la que el valor total ascendió a $41.064’418.760. En todo
el proceso se habrían presentado múltiples inconsistencias, entre estas, 11
supuestas deficiencias en los estudios técnicos y de precios que, al parecer,
no sustentaban los costos, números de raciones previstas, instituciones y
cantidad de alumnos beneficiados, entre otros aspectos.
De igual manera, hay
evidencia de que no se realizó consulta previa con los pueblos indígenas, ni se
dispuso de condiciones y lugares adecuados para que los estudiantes tomaran sus
alimentos, por lo que, en muchos casos, lo hicieron en las aulas, de pie, en el
piso o al aire libre.
En las etapas
precontractual y contractual, supuestamente, se incumplieron los requisitos de
ley. Además, peritos contables del CTI detectaron aparentes sobrecostos por más
de 13.200 millones de pesos.
En las verificaciones
se acreditó que la Gobernación de La Guajira pagó $1.759 por cada complemento
de la mañana, un valor superior al definido por el Ministerio de Educación, de
$971 unidad. De otra parte, por almuerzo el departamento pagó $2.097, por
encima de los $1.320 establecidos por el Gobierno Nacional.
Finalmente, las
inspecciones dan cuenta de que el contrato no ha sido liquidado. Han pasado más
de 5 años después de celebrarse.
Transporte
escolar
El otro contrato
cuestionado fue suscrito el 6 de mayo de 2015 con la ‘Unión Temporal Anas Watta
Kai’, y buscaba garantizar la prestación del servicio de transporte escolar
para la población infantil de bajos recursos. Su valor ascendió a
$9.310.604.160, con un plazo de ejecución de 88 días.
Para la Fiscalía, en
este proceso se habría descalificado a otro oferente que tenía la capacidad de
cubrir el objeto del contrato y, mediante diferentes actuaciones, presuntamente
se favoreció a la unión temporal. El material de prueba indica que, al parecer,
tampoco hubo estudios previos de rigor sobre el número y tipo de vehículos
necesarios, ni las instituciones o alumnos a cubrir.
Llamó la atención que
para la prestación del servicio se incluyeron municipios fuera de la cobertura
del departamento y del resorte de otras gobernaciones, como El Paso (Cesar),
ubicado a 367 kilómetros de Riohacha, capital de La Guajira.
Este es la segunda
investigación que la Fiscalía adelanta contra el exgobernador Ballesteros
Valdivieso. En la primera, la Corte Suprema de Justicia lo condenó por los
delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por
apropiación a favor de terceros.
La Fiscalía General de
la Nación hace pública esta información por razones de interés general.
