Acciones
adelantadas por el Gobierno nacional para superar crisis de los Wayúu en La
Guajira han sido ineficaces: Procurador
“Los resultados de
los intentos para construir los indicadores,no pueden ser aceptados, pues
reflejan ineficiencia e ineficacia de las acciones, tras dos años y medio de
notificada la sentencia, mientras las consecuencias de estos intentos se miden
en pérdidas de vidas humanas de los niños Wayúu”.
Para el Ministerio
Público el Gobierno nacional no ha logrado coordinar un plan de acción integral
y concreto que permita superar la crisis.
No ha garantizado un
dialogo genuino con las autoridades legítimas del pueblo Wayúu, ni cuenta con
personal capacitado y conocedor de sus usos y costumbres.
No es aceptable que, a
la fecha, se cuente únicamente con la oferta institucional general del Estado,
que carece del enfoque étnico diferencial requerido para atender las
necesidades de la población indígena.
El Procurador General
de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, advirtió a la Corte Constitucional y al
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha sobre el incumplimiento del
Gobierno nacional de la sentencia que protege los derechos fundamentales a la
salud, el acceso al agua y la seguridad alimentaria de los niños y niñas del
pueblo Wayúu, y se mostró en desacuerdo con el otorgamiento de un nuevo plazo
para la ejecución de las órdenes, ante la falta de políticas públicas eficaces
y el poco avance en el proceso de diálogo con las comunidades.
“Los resultados de
los intentos para construir los indicadores de medición cumpliendo las
condiciones exigidas por la Corte Constitucional, así como los derivados de
las consultas realizadas en diciembre de 2019, no pueden ser aceptados, pues
reflejan ineficiencia e ineficacia de las acciones, tras dos años y medio de
notificada la sentencia, mientras las consecuencias de estos intentos se miden
en pérdidas de vidas humanas de los niños Wayúu”, precisó el Procurador
en comunicación a la corte y a la Sala Civil – Familia – Laboral del tribunal.
Precisó que según el
informe epidemiológico del Instituto Nacional de Salud, correspondiente a la
semana 39 de este año, en el departamento de La Guajira han fallecido 30 niños
menores de 5 años por desnutrición o causas asociadas a ella. Le siguen los
departamentos de Atlántico y Cesar, que reportan 9 y 8 fallecimientos
respectivamente.
“Lo anterior,
evidencia la abismal diferencia entre los eventos de mortalidad que se
presentan en el departamento de La Guajira frente a los demás departamentos y
en todo caso las cifras de muertes de niños y niñas en La Guajira siguen
siendo muy graves”.
Censuró el Procurador
que más de dos años después del fallo de la corte que declaró el estado de
cosas inconstitucional, además de la reconocida desarticulación “no se
cuente con el conocimiento pleno de la oferta institucional del Estado
aplicable a las necesidades del departamento. El plazo otorgado a nuestro
juicio ha sido suficiente para que el Gobierno nacional articule propuestas con
el enfoque étnico diferencial requerido, producto de un proceso legítimo de
consulta con las comunidades”.
Carrillo Flórez como
cabeza del Ministerio Público aseguró que en 2019 la Procuraduría y la
Defensoría del Pueblo, siguiendo las órdenes de la corte sobre la presentación
de los informes de cumplimiento de la sentencia, remitieron al gobierno la
metodología establecida para la presentación de los mismos, sin que hasta la
fecha el ejecutivo haya cumplido con su parte.
“Después de dos años y medio de
notificada la sentencia, el Gobierno nacional aún no cuenta con una línea
base, desconoce la forma de implementar en el territorio su oferta
institucional y no cuenta con sistemas de información que le permitan
identificar la población objeto de atención y realizar una selección
objetiva de beneficiarios. La carencia de esta información hace imposible
adoptar políticas públicas eficaces”.
Para el jefe del ente
de control el Gobierno nacional no ha logrado coordinar un plan integral y
concreto de acción que permita superar la crisis, no ha garantizado un dialogo
genuino con las autoridades legítimas del pueblo Wayúu, ni cuenta con personal
capacitado y conocedor de sus usos y costumbres.
Acciones de la PGN
Explicó que desde el Ministerio Público se han
generado espacios de interlocución con las comunidades, audiencias de
seguimiento, informes al Tribunal Superior de Riohacha sobre el estado del
cumplimiento de la sentencia, acompañamiento a consultas previas, vigilancia a
procesos de contratación en la región, e intervención en 16 tutelas accionadas
por miembros de las comunidades Wayúu o en representación de estas, para
reclamar el acceso a la seguridad alimentaria, el agua y la salud.
Así mismo, la Procuraduría ha adelantado
acciones preventivas para que se garantice el acceso a la educación de los
niños Wayúu, vigilancia a los procesos de contratación del transporte escolar
de la gobernación, así como al acceso al sistema de salud y al agua potable en
época de pandemia .