Cárcel para
cantante de vallenato y otras cuatro personas que habrían participado en
multimillonario robo por medios informáticos
Se les atribuye recibir
parte de los 25.000 millones de pesos que les fueron hurtados a dos empresas.
Luego de revisar el
recurso de apelación presentado por un fiscal de la Dirección Especializada
contra las Organizaciones Criminales, el juez 24 Penal del Circuito de Bogotá
impuso medida de aseguramiento en cárcel y ordenó la captura de cinco personas,
quienes habrían participado en el hurto de 25.000 millones de pesos a las
cuentas de dos empresas.
Los hechos investigados
ocurrieron en septiembre de 2017. Al parecer, un grupo de cibercriminales
obtuvo de manera fraudulenta los token de seguridad bancaria de las víctimas,
accedió al portal virtual de una entidad financiera y extrajo la millonaria suma,
la cual fue direccionada a 13 cuentas distintas, entre estas las de los hoy
procesados.
Uno de los afectados
con la medida de aseguramiento privativa de la libertad es el cantante de
vallenato José Luis Alfonso Carrillo Solano, señalado de recibir transferencias
por $260’000.000. Este dinero, al parecer, lo quiso soportar como si fueran
ingresos por conciertos realizados en Ecuador.
Los contratos
artísticos serían falsos. En algunos documentos figura como contratista un
ciudadano colombiano que, de acuerdo con las investigaciones, falleció años
antes de que fueran pactadas y pagadas las supuestas presentaciones en el
extranjero.
Los otros
vinculados al proceso son:
Diana Laverde Ortiz,
señalada de presentar ante los bancos documentación, poderes y autorizaciones
fraudulentas de los representantes de las empresas afectadas. Esta maniobra
ilícita permitió a los ciberdelincuentes extraer los 25.000 millones de pesos.
Heverth Humberto
Puentes Perdomo, a sus cuentas habrían sido transferidos 1.601 millones de
pesos.
Elvis Blanco Alfaro,
exfuncionario de la Gobernación de Bolívar, quien presuntamente recibió
$311’000.000.
Carlos Alberto Durán
Escorcia, a sus cuentas, supuestamente, llegaron $297’000.000.
Estas personas fueron
capturadas a finales de enero del año en curso, en diligencias realizadas por
la Fiscalía General de la Nación y la Dijin de la Policía Nacional en Bogotá,
Cartagena, Valledupar y Chía (Cundinamarca). En las audiencias concentradas
fueron imputadas por delitos como: acceso abusivo a un sistema informático,
hurto por medios informáticos y semejantes, y uso de documento falso.
En su momento, el juez
de control de garantías se abstuvo de imponer medida privativa de la libertad.
Esa decisión fue apelada por la Fiscalía y es la que fue revocada por un juez
Penal del Circuito de Bogotá.
