La Guajira: Fiscalía
acusó a exgobernador José María Ballesteros por presuntas irregularidades de
contratación del plan de alimentación escolar y el servicio de transporte para
estudiantes
La Fiscalía General de
la Nación, a través de la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de
Justicia, acusó formalmente al exgobernador de La Guajira José María
Ballesteros Valdivieso, como presunto responsable de los delitos de contrato
sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de
terceros.
Los hechos investigados
están relacionados con posibles irregularidades de contratación durante el
periodo en el que estuvo en el cargo (junio de 2014 – diciembre de 2015), en dos
contratos específicos que pretendían garantizar la alimentación y transporte
para los estudiantes de las comunidades indígenas y otras poblaciones
vulnerables del departamento.
El entonces mandatario,
como ordenador del gasto, habría fallado en sus deberes de vigilancia y
supervisión de la contratación, y permitió que se destinaran y pusieran en
riesgo recursos de regalías en los dos procesos contractuales que avaló.
1. Plan de Alimentación Escolar (PAE) La
Guajira – 2015.
El 19 de marzo de 2015,
se suscribió el contrato del Plan de Alimentación Escolar (PAE) con el
consorcio ‘Nutriendo Escolares de La Guajira’, el cual tenía como objeto
suministrar complementos en la mañana y almuerzos para estudiantes de
preescolar, básica primaria, y básica secundaria y media de 15 municipios,
durante 125 días.
Este contrato recibió
una adición por lo que el valor total ascendió a $41.064’418.760. El material
de prueba da cuenta de que se presentaron 10 posibles deficiencias en los
estudios previos. Se identificaron errores de cálculo y falta de justificación
en los costos establecidos, números de raciones previstas, instituciones a
cubrir y cantidad de alumnos beneficiados.
De igual manera, hay
evidencia de que no se realizó consulta previa con las comunidades indígenas,
cuyos menores de edad serían los más favorecidos, ni se tuvieron en cuenta los
factores nutricionales y calóricos de las raciones preparadas, pues se fijaron
con lineamientos técnico-administrativos que no estaban vigentes, de tal manera
que no proporcionaban el aporte nutricional adecuado.
Adicionalmente, se
estableció que la Gobernación no dispuso de condiciones ni lugares para que los
estudiantes tomaran los alimentos, por lo que, en muchos casos, lo hicieron en
las aulas, de pie, en el piso o al aire libre.
En las etapas
precontractual y contractual, supuestamente, se incumplieron los requisitos de
ley con el ánimo de favorecer al contratista. A esto se suma que los peritos
contables del CTI detectaron un detrimento patrimonial superior a 13.200
millones de pesos, representado en sobrecostos y pagos por raciones que nunca
se entregaron.
En las verificaciones
se acreditó que la Gobernación de La Guajira pagó $1.759 por cada complemento
de la mañana, un valor superior al definido por el Ministerio de Educación, de
$971 unidad. De otra
parte, desembolsó $2.097 por cada almuerzo, una cifra por encima de los $1.320
establecidos por el Gobierno Nacional.
Finalmente, las
inspecciones dan cuenta de que el contrato nunca fue liquidado.
2. Transporte escolar.
El otro contrato
cuestionado fue suscrito el 6 de mayo de 2015, con la ‘Unión Temporal Anas
Watta Kai’. Contempló garantizar el servicio de transporte escolar para la
población infantil de bajos recursos. En valor ascendió a $9.310.604.160 y tuvo
un plazo de ejecución de 88 días.
Para la Fiscalía, en
este proceso se habría descalificado a otro oferente que tenía la capacidad de
cubrir el objeto del contrato y, mediante diferentes actuaciones, presuntamente
se favoreció a la unión temporal. Al parecer, tampoco hubo estudios previos de
rigor sobre el número y tipo de vehículos necesarios, ni las instituciones o
alumnos a cubrir.
Llamó la atención que
para la prestación del servicio se incluyeron municipios fuera de la cobertura
del departamento y del resorte de otras gobernaciones, como El Paso (Cesar),
ubicado a 367 kilómetros de Riohacha, capital de La Guajira.
La audiencia
preparatoria de juicio en contra del exgobernador José María Ballesteros
Valdivieso comenzará en la fecha que defina la Sala Especial del Primera
Instancia de la Corte Suprema de Justicia.
.jpg)