En audiencia
pública de la JEP 12 militares del Batallón La Popa reconocen asesinato de 127
jóvenes en «falsos positivos» en el norte del Cesar y sur de La Guajira
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Víctimas de falsos
positivos
En la ciudad de
Valledupar se cumple este lunes y martes la audiencia de reconocimiento de la
verdad convocada por la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, sobre
asesinatos y desaparecidos en desarrollo de los llamados «falsos positivos» por
parte de 12 miembros del Batallón de Artillería No. 2 La Popa en la Costa
Caribe.
A la audiencia de
reconocimiento fueron convocados miembros del Ejército,declarados responsables
por su participación determinante en el asesinato de 127 personas en el norte
de Cesar y el sur de La Guajira e hicieron parte del Batallón La Popa entre el
9 de enero de 2002 y el 9 de julio de 2005.
En total fueron
imputados 15 militares, pero tres no reconocieron su responsabilidad por crímenes
de guerra y lesa humanidad por el asesinato y desaparición forzadas que fueron
ilegítimamente presentados como guerrilleros muertos en combate.
Ellos fueron el coronel
retirado Publio Hernán Mejía; el coronel retirado Juan Carlos Figueroa y el mayor
José Pastor Ruiz Mahecha.
Mejía fue comandante
del Batallón La Popa entre 2002 y 2003, tiempo en el cual se habrían perpetrado
75 de los crímenes.
Figueroa Suárez,
sucedió a Mejía en 2004 y permaneció como comandante de dicha unidad militar
hasta 2005. Según la JEP, Figueroa Suárez tiene responsabilidad en 52 casos de
falsos positivos.
Los otros que deberán
responder por los «falsos positivos» son los mayores, Guillermo Gutiérrez
Riveros y Heber Hernán Gómez Naranjo; el teniente Carlos Andrés Lora Cabrales,
el subteniente Eduart Gustavo Álvarez Mejía, el subteniente Elkin Leonardo
Burgos, el sargento primero Efraín Andrade Perea, el sargento primero Manuel
Valentín Padilla Espitia, el sargento viceprimero José de Jesús Rueda, el cabo
tercero Elkin Rojas y los soldados Juan Carlos Soto Sepúlveda, Yeris Andrés
Gómez Coronel y Alex José Mercado Sierra.
Según la JEP, estos
militares hacían parte de una organización criminal conformada en el corazón
del batallón La Popa que, con el apoyo de paramilitares, presentaron resultados
operacionales ficticios en el departamento del Cesar y el sur de la Guajira.
“Actuaron, además, con
pleno conocimiento de su ilegalidad pues encubrieron sus actos para hacerlos
ver como legales, separándose de las normas constitucionales y reglamentarias
de las operaciones militares con el fin de mejorar la percepción de seguridad y
mostrar avances en la guerra contra la insurgencia”, explicó la JEP
Ellos conformaron una
alianza entre la comandancia del batallón y los paramilitares del Frente
Mártires del Cacique de Upar, del Bloque Norte de las AUC.
La JEP estableció que
se caracterizaron cuatro modus operandi:
1) Las víctimas eran
entregadas por las AUC a efectivos del batallón luego de haber sido retenidas.
Algunos de los crímenes fueron cometidos directamente por paramilitares.
2) Las víctimas fueron
asesinadas tras ser señaladas, por guías o informantes, de pertenecer o
auxiliar a la guerrilla.
3) Las víctimas fueron
asesinadas luego de ser señaladas por integrantes de la comunidad o
aprehendidas en la ejecución de hechos que podrían resultar delictivos y
4) Las víctimas eran
guerrilleros heridos o miembros de grupos armados que se entregaron a
integrantes del batallón.
La JEP también
identificó que los reconocimientos y beneficios como permisos, viajes,
descansos y pagos en dinero, acompañados de una permanente presión por bajas,
fueron usados por la comandancia del batallón, particularmente desde la llegada
a la unidad del coronel Figueroa.
La Primera División
registró el 15% de las bajas cuestionadas analizadas a nivel nacional y, dentro
de esta, el Batallón de La Popa concentró la mayor cantidad de casos
investigados (166), que representan el 51 % del total de la División, ocupando
el puesto del batallón con mayor número de casos investigados en Ley 600 ante
la Fiscalía”.
El Batallón de
Artillería de La Popa, con jurisdicción en Agustín Codazzi, Bosconia, El Copey,
La Paz, Manaure, Pueblo Bello, San Diego y Valledupar, municipios del norte del
Cesar, fue una unidad representativa para comprender la evolución del fenómeno
de las muertes presentadas irregularmente como bajas en combate.
Durante la diligencia
que se llevará a cabo en Valledupar este lunes y martes, los comparecientes que
fueron imputados como máximos responsables de los ‘falsos positivos’ ocurridos
en la Costa Caribe deben pasar del reconocimiento escrito que entregaron a la
magistratura, a un reconocimiento público ante la justicia, las víctimas y la
sociedad colombiana.
En el proceso judicial
participan las autoridades indígenas kankuama, wiwa y las víctimas acreditadas
en el Caso 03: Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en
combate por agentes del Estado, subcaso Costa Caribe y sus representantes
judiciales, así como la Procuraduría Delegada con Funciones de Coordinación e
Intervención ante la JEP.
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