Uribia: Por presunta
corrupción Judicializan a un almacenista y contratista
Por solicitud de un fiscal de Seccional
La Guajira, un juez judicializó a Rafel José Zambrano Sille, contratista y
Geovanny José Mejía Sánchez, almacenista de la alcaldía de Uribia (La Guajira),
como presuntos responsables de los delitos de peculado por apropiación agravado
y falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado.
En la fotografía aparecen dos
hombres capturados, acompañados de un servidor del CTI y un uniformado de la
Policía Nacional. En la parte posterior un banner con los logos de la Fiscalía
y la Policía.
Rafel José Zambrano Sille,
contratista y Geovanny José Mejía Sánchez, almacenista de la alcaldía de Uribia
(La Guajira), presuntos responsables de actos de corrupción.
La determinación judicial está
relacionada con un contrato resultado de un proceso de subasta inversa
celebrado en el año 2019 entre la alcaldía de Uribia y un consorcio por un
valor de 1.123 millones de pesos, donde el objetivo era la prestación de
servicios y suministros de materiales de insumos para el fortalecimiento de la
identidad cultural indígena Wayuu a través del apoyo artesanal en el resguardo
de la alta y media Guajira.
Según consta en la
investigación, se pudo establecer que se habrían presentado irregularidades en
la factura de venta expedida a nombre del consorcio firmante, que supuestamente
soportaba la inversión realizada en la ejecución del contrato, (compra de hilos
y agujas) por un valor de 883 millones de pesos.
Labores de policía judicial
permitieron evidenciar, que el documento carece de validez y no soporta la
inversión de los recursos girados, en razón que resultó falso, así lo ratificó
el propietario del establecimiento comercial, quien indicó que jamás había
realizado esa venta, mostrando que el formato de factura no corresponde al que
utilizan su establecimiento.
De igual forma se pudo
determinar que a los presuntos beneficiarios del contrato, las comunidades
Wayuu de la alta y media Guajira, fueron suplantados. El detrimento por esta
situación es del orden de 883 millones de pesos.
.jpg)