El juzgado catorce laboral del circuito de Bogotá,ordenó a la Presidencia de la República y al Departamento Administrativo de la Presidencia, retirar videos de sus canales oficiales.

La reciente orden del Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Bogotá no es un fallo judicial menor; representa un llamado de atención urgente frente a la banalización del horror y el uso de la tragedia humana como propaganda estatal.

El juzgado en referencia  ordenó  a la Presidencia de la República y al Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) retirar de sus canales oficiales, específicamente de Instagram, los videos correspondientes a los operativos en los departamentos de Guaviare y La Guajira, la justicia frena una deriva comunicacional peligrosa donde el primer mandatario, Abelardo de la Espriella, camina y pontifica ante cuerpos sin vida.

Los videos muestran un espectáculo y la vulneración de la dignidad, el núcleo de la controversia gira en torno a piezas audiovisuales publicadas los días 2 y 4 de septiembre, en ellas, el jefe de estado expone los resultados de acciones de la fuerza pública exhibiendo de manera explícita cadáveres envueltos en bolsas.

Convertir el cuerpo abatido de un adversario o criminal en un trofeo visual subvierte los principios mínimos del derecho internacional humanitario y los derechos humanos.

Las plataformas institucionales de la Presidencia de la República están diseñadas para la rendición de cuentas, la transparencia y la comunicación pública, no para replicar estéticas propias del sensacionalismo punitivo.

Lo hecho por el presidente es la instrumentalización del dolor, mostrar cadáveres como parte de una narrativa de mano dura apela a las pasiones más bajas del electorado, despojando a los cuerpos de su condición jurídica de respeto y transformándolos en simples insumos de marketing político.

Exhibir la muerte con un dejo de suficiencia y paseo triunfalista no demuestra fortaleza institucional; por el contrario, evidencia una preocupante regresión hacia formas de barbarie legitimadas desde el poder, la seguridad democrática no necesita del morbo para validarse, y la justicia ha recordado que los símbolos de la República no pueden ni deben convertirse en vitrinas de cuerpos inertes.

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