Por: Hugues Gámez Gámez
El alto tribunal alcanzó a admitir un reducido número de recursos que buscan tumbar esta norma aprobada por el Congreso de la República en septiembre de 2025.
La Corte Constitucional se ha convertido en el epicentro de una de las batallas jurídicas más intensas del año: el futuro de la Ley 2494 de 2025, popularmente denominada por sus detractores como la “ley mordaza” de las encuestas.
El Corazón del Debate
El tribunal analiza actualmente varias demandas que buscan tumbar la normativa.
El argumento central de los demandantes —entre ellos gremios de encuestadores, políticos de oposición y académicos— es que la ley vulnera el derecho fundamental a la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a estar informados.
Puntos Clave de la Disputa:
• Vicios de Forma: Se sostiene que, al regular derechos fundamentales, la norma debió tramitarse como una ley estatutaria (con mayor rigor legislativo) y no como una ley ordinaria.
• Censura Previa: La prohibición de publicar sondeos de intención de voto en periodos cercanos a las elecciones es vista por muchos como una restricción desproporcionada que impide el libre flujo de información.
• Derecho al Trabajo: Firmas encuestadoras alegan que las sanciones y limitaciones impuestas afectan directamente su actividad económica y técnica.
¿En qué va el proceso?
Hasta la fecha, la Corte ha admitido las demandas para su estudio y ha recibido conceptos de diferentes entidades. Se espera que en los próximos meses se produzca una decisión que determine si la ley se ajusta a la Carta Magna o si, por el contrario, será declarada inexequible, devolviendo al país el marco normativo anterior justo antes de los próximos comicios.
El país permanece atento a un fallo que no solo definirá cómo se miden los candidatos, sino los límites del control estatal sobre la opinión pública.
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