La Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira) negó la licencia ambiental solicitada por la empresa Best Coal Company S.A.S. para el desarrollo del Proyecto Minero Cañaverales, que pretendía ejecutarse en jurisdicción de los municipios de Fonseca y San Juan del Cesar, al sur del departamento.
La decisión quedó formalizada mediante la Resolución No. 3425 del 26 de diciembre de 2025, luego de un extenso trámite administrativo que incluyó la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), visitas técnicas de verificación en campo, conceptos de entidades especializadas como el IDEAM, el Servicio Geológico Colombiano y el Instituto Alexander Von Humboldt, así como la realización de una Audiencia Pública Ambiental con amplia participación ciudadana.
De acuerdo con el acto administrativo, el grupo técnico evaluador de Corpoguajira concluyó que el proyecto no es ambientalmente viable, al advertir riesgos significativos sobre los componentes abiótico, biótico y socioeconómico del área de influencia, así como la superposición con determinantes ambientales relevantes del territorio.
Así mismo, se determinó que el proyecto generaría gran impacto ambiental y presenta superposición sobre zonas con objetivos de conservación y protección de los recursos naturales renovables, previstas en el plan de ordenación y manejo (POMCA) del Río Ranchería.
Esto teniendo en cuenta que el Manantial de Cañaverales es un ecosistema estratégico y un nacimiento de agua que abastece el consumo humano y doméstico de su población, que se encuentra protegido bajo lo estipulado en el artículo 79 de la constitución política y que además está protegido bajo la figura de Reserva Forestal Protectora (RFP) por parte de Corpoguajira por medio del Acuerdo No. 014 del 17 de mayo de 2012.
Uno de los aspectos centrales del análisis fue la compleja situación relacionada con la consulta previa a comunidades negras, proceso que ha estado marcado por múltiples actuaciones judiciales, tutelas y órdenes de distintos despachos judiciales, sin que se lograra consolidar un escenario que garantizara plenamente los derechos de participación de las comunidades potencialmente afectadas.
Durante el trámite, Corpoguajira reconoció como terceros intervinientes a consejos comunitarios, organizaciones sociales, académicas, ambientales y a ciudadanos, quienes expresaron preocupaciones sobre los impactos del proyecto en el agua, la biodiversidad, el territorio y los medios de vida locales en una reunión informativa sobre el proyecto y una audiencia pública, que se realizaron en el municipio de San Juan del Cesar este año.
La autoridad ambiental precisó que, aunque el solicitante cumplió formalmente con los requisitos documentales exigidos por el Decreto 1076 de 2015, el análisis integral del EIA y de los insumos técnicos y sociales recopilados no permitió concluir que el proyecto garantizara un manejo ambiental adecuado, ni que los impactos identificados pudieran ser prevenidos, mitigados o compensados de manera suficiente.
Con esta decisión, Corpoguajira reafirmó su deber constitucional y legal de proteger los recursos naturales y los derechos colectivos de las comunidades, priorizando el principio de precaución y el interés general sobre las actividades de alto impacto ambiental.
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