Por: Hugues Gámez Gámez
En una decisión la Corte Constitucional suspendió de manera provisional los efectos del Decreto 1390 de 2025, mediante el cual el Gobierno Nacional había declarado el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el país.
Con una votación de 6 a 2, la Sala Plena acogió la ponencia del magistrado Carlos Camargo Assis, quien argumentó que el decreto es, a primera vista, “manifiestamente contrario a la Constitución”.
La Corte determinó que permitir la ejecución de medidas extraordinarias que incluían la creación de nuevos impuestos sin pasar por el Legislativo,podría causar efectos irreversibles en el orden democrático.
“Al emplearse el mecanismo excepcional para reemplazar la deliberación democrática, se suplanta la función de un poder constituido y se quebranta la separación de poderes”, señala un aparte de la ponencia que convenció a la mayoría del alto tribunal.
La Corte evaluó ocho motivos que el Gobierno presentó para justificar la emergencia (entre ellos la caída de la reforma tributaria en el Congreso y la crisis de la UPC en salud). Sin embargo, el tribunal consideró que:
No hubo hechos sobrevinientes, las causas invocadas no son imprevistas ni nuevas, sino situaciones que el Gobierno ya conocía o que debían tramitarse por la vía ordinaria en el Congreso.
Riesgo de suplantación, el ejecutivo habría intentado usar la emergencia para aprobar por decreto lo que no logró que el Congreso le aprobara mediante leyes.
Esta suspensión provisional es una medida cautelar, esto significa que, mientras la Corte emite un fallo definitivo de fondo (que determine si el decreto es constitucional o no), el Gobierno no podrá aplicar ninguna de las medidas contenidas en la emergencia, tales como:
El recaudo de nuevos impuestos a juegos de azar digitales y bebidas alcohólicas.
La modificación de partidas presupuestales de manera unilateral.
La expedición de decretos con fuerza de ley bajo este marco de excepción.
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