Foto: Agencia Nacional de Tierras
El Gobierno del Cambio, a través de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), adjudicó 1.919 hectáreas a 253 familias campesinas víctimas de desplazamiento forzado y del despojo de la región, un paso más de la Reforma Agraria. Estas entregas en el Magdalena Medio y el Nordeste antioqueño representan el renacer de cientos de hogares que hoy recuperan la esperanza, la estabilidad y su proyecto de vida en un territorio que les pertenece.
En Yondó se entregaron 919 hectáreas distribuidas en los predios:
• La Primavera – 142,3209 ha
• Hacienda San Rafael – 536,3979 ha
• La Esperanza – 55,1214 ha
• La Pradera
• San Francisco – 42,6432 ha
• Guayacán – 22,0318 ha
Las 213 familias beneficiarias de estos terrenos pertenecen a la Asociación de Productores Agroindustriales (Apayon), integrada por mujeres cabeza de hogar, jóvenes rurales y campesinos que durante décadas resistieron la violencia paramilitar o trabajaron como jornaleros y arrendatarios sin oportunidades de acceso a la tierra.
José Agustín Pico, representante de Apayon, dijo que con estas tierras van a garantizar la seguridad alimentaria e “impulsar proyectos productivos como la cría de cerdos y gallinas, así como el cultivo de cacao y plantas aromáticas. Aquí volveremos a producir para nuestra región”.
Otra de las fincas entregadas conserva una reserva natural que el antiguo propietario protegió durante décadas, incluso ante el hallazgo de pozos petroleros. Hoy, las familias campesinas asumen el compromiso de fortalecer y continuar ese legado ambiental.
Tierras para víctimas de los ‘paras’
En Tarazá el director de la Agencia Nacional de Tierras, Juan Felipe Harman, con apoyo de la Policía de la región recuperó 1.059 hectáreas que habían pertenecido a alias “Cuco” Vanoy, uno de los jefes paramilitares del Bloque Mineros.
Estos terrenos hacían parte del Fondo para la Reparación a las Víctimas (FRV) y estaban siendo ocupados irregularmente por un ganadero de Envigado.
“Esta finca terminó siendo un centro de detención de personas, un centro de control territorial, un centro también de tortura y, en general, el puesto desde el cual se controlaba todo el corredor de Tarazá y la ruta hasta el Golfo de Morrosquillo”, confirmó Harman en medio de la recuperación del predio.
Claudia Lopera, campesina beneficiaria de la Asociación Campesina del Bajo Cauca (Asobac) destacó: “Durante varios años hemos estado bregando a tener en qué sembrar nuestros alimentos y no teníamos territorio. Qué bueno contar con unas tierras que van a poder sustentar a muchos campesinos”.
Es un acto profundo de justicia territorial: tierras que antes fueron escenario de violencia, regresan a manos de quienes construyen paz.
En Vegachí, municipio dulce de Antioquia, se adjudicó el predio La Llana, de 1.063 hectáreas, a 40 familias de la Asociación Asoprocave), todas víctimas del conflicto armado. Este terreno también fue adquirido a un privado que decidió apostarle a la Reforma Agraria.
La lideresa campesina Mery Amparo Álvarez expresó: “Gracias al presidente Petro hoy se nos están dando las cosas. Vamos a sacar estas tierras adelante y aportar a la seguridad alimentaria de nuestro país”.
Con información de la Agencia Nacional de Tierras (ANT)
