Por: Juan Loreto Gómez Soto – Representante a la Cámara por La Guajira
Una sociedad que pierde la confianza pierde el suelo sobre el que camina. Y en Colombia, en una semana, esa confianza ha sido golpeada desde todos los frentes.
El atentado al senador Miguel Uribe Turbay es más que un ataque a una persona o a un partido político, es un atentado contra la democracia y contra la posibilidad del disenso sin miedo. Cuando una bala intenta silenciar una voz del Congreso, se enmudece la voz de la democracia de millones que creen en el poder del voto.
El Estado falló en su deber de proteger al senador Miguel Uribe, se requiere una investigación seria, rápida y efectiva. No podemos seguir repitiendo el patrón doloroso en el que solo se captura a los autores materiales mientras los responsables intelectuales permanecen en la sombra.
Nuestra historia está marcada por ausencias que aún duelen: Galán, Lara Bonilla, Gómez Hurtado, Low Murtra… nombres que no solo representan a líderes, sino a voces que hicieron política desde las ideas y fueron silenciadas por las balas. Cada uno de ellos encarnaba el anhelo de una Colombia más justa, sus muertes siguen recordándonos que cuando la palabra se convierte en un riesgo, la democracia se tambalea.
La democracia requiere garantías reales y la primera de ellas es proteger la vida de quienes eligen representarnos, incluso cuando piensan distinto. Hacer política no puede ser un acto de valentía solitaria, necesitamos que la democracia vuelva a caminar con libertad por las calles, que se haga oír sin temor, que respire el aliento de su gente y sienta el respaldo de una ciudadanía que aún cree en ella.
Mientras tanto, en Cauca y Valle del Cauca, la violencia también ha multiplicado fuerza, carros bomba, ataques a estaciones de policía, explosiones en zonas comerciales, civiles heridos y alcaldes que se sienten solos frente a una criminalidad en aumento es un paisaje de que los grupos armados ilegales han enviado su mensaje de poder, mientras que el Estado parece estar reaccionando tarde y de forma insuficiente.
Aquí sí que estamos lamentando en lugar de prevenir, el Ministerio de Defensa se ha quedado corto en prevenir estas acciones, ¿y el Presidente?, el Presidente debería proteger los cimientos institucionales que sostienen al país, pero su cabeza solo está para la consulta popular.
No es exagerado decir que este Gobierno ha permitido que se degrade el orden social en todo el territorio. Su ambigua política de “paz total” ha derivado, en los hechos, en un fortalecimiento y expansión de los grupos armados ilegales.
A este panorama se suma la decisión reciente de suspender la regla fiscal mediante la cláusula de escape. Si bien esta figura existe en la legislación, su uso plantea riesgos que deben ser abordados con claridad y responsabilidad.
La regla fiscal ha sido durante 15 años un pilar de la confianza económica del país, su suspensión aumentará el déficit en un año prelectoral, pasando del 5 a estar en el 8 por ciento del PIB y también, afectará la calificación crediticia de Colombia. Esto en medio de un ambiente económico frágil, con recaudos menores a los esperados y un gasto en aumento. Las consecuencias ya se anticipan, se espera un peso más débil, más intereses por deuda, menos espacio para inversión social y, sobre todo, una pérdida sustancial de confianza.
La confianza en la economía no se construye con cifras, sino con la certeza de que las instituciones actúan con previsibilidad y prudencia. Suspender la regla fiscal sin explicar con precisión cómo se compensará ese mayor gasto, puede tener efectos adversos en los mercados, en la tasa de cambio, en el costo de la deuda y en el debilitamiento de la credibilidad del país.
Ahora bien, estos tres hechos, aparentemente separados, tienen una raíz común, que es el debilitamiento de la confianza, confianza en que el Estado protege, confianza en que es posible hacer política sin amenazas, confianza en que las decisiones económicas se toman con rigor y no con urgencia.
Esta no es una discusión partidista, no se trata de oponerse al Gobierno ni de respaldarlo sin cuestionamientos. Se trata de defender el Estado de derecho, de proteger las instituciones y de cuidar el tejido de confianza que nos mantiene unidos como nación.
Este es un llamado a reconstruir la confianza, a recuperar la credibilidad desde las decisiones, desde el respeto a las reglas y desde el compromiso con el bien común. Colombia no puede permitir perder aquello que más cuesta recuperar, la confianza de su gente.