Por Juan Loreto Gómez – Representante a la Cámara por La Guajira.
La consulta previa no puede ser la excusa perfecta para frenar el desarrollo ni el obstáculo que lo distorsiona. Necesitamos reglas claras, tiempos razonables y voluntad real de diálogo. Tenemos que ser responsables, proteger derechos, pero también garantizar inversión, legalidad y oportunidades para nuestras comunidades.
En La Guajira sabemos, por experiencia in situ, que no todo proyecto grande significa desarrollo, pero también hemos aprendido que sin inversión estructural no hay bienestar duradero. Por eso, cuando se habla de transición energética, exploración costa afuera o cualquier iniciativa que pretenda transformar el futuro de Colombia, es urgente hablar también de lo que significa hacer las cosas bien. Y hacerlas bien incluye cumplir con la consulta previa, pero cumplirla con rigor, oportunidad y sentido de territorio.
La consulta previa es un derecho constitucional, todos lo sabemos, pero no puede seguir tratándose como un callejón sin salida. Hoy se abusa de dos extremos igual de dañinos: se ignora y se judicializa o se activa sin claridad, sin plazos, sin interlocutores legítimos. En ambos escenarios pierde el Estado, pierden las comunidades y pierde La Guajira.
La solución no es debilitar la consulta, es fortalecerla. Necesitamos un procedimiento claro, transparente y con tiempos definidos, que no llegue tarde, que no se use como herramienta de bloqueo o de chantaje político, que no se convierta en campo de batalla para agendas externas. Debe ser una consulta real, que escuche de verdad y construya consensos viables.
Tengo el deber de defender los derechos colectivos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, pero también, la responsabilidad de abrir camino para que los proyectos estratégicos, lo que generan empleo, ingresos y transformación social, se hagan con legitimidad y diálogo oportuno. Desarrollo y consulta no son opuestos, son complementarios y esa articulación no es solo posible, es urgente.
Hay casos en los que una consulta bien hecha previene conflictos, evita fracturas entre comunidades hermanas dándole solidez legal y social a los proyectos. Por eso no se trata de criticar o quejarnos, se trata de asumir un rol activo como garantes: acompañar, facilitar, mediar, garantizar. Cuando la consulta se hace bien, protege; cuando se hace mal o no se hace, esmigaja todo: legitimidad, confianza, gobernabilidad.
El reciente fallo sobre Sirius-2 debe leerse con cabeza fría y con ánimo constructivo. No como un castigo, sino como un recordatorio: la consulta no es un trámite prescindible, es un mecanismo esencial para garantizar derechos y para evitar errores estratégicos. Que este fallo no nos paralice, sino que nos haga corregir el rumbo, para que las comunidades sean escuchadas a tiempo, no cuando ya todo está decidido y para que desde los territorios podamos exigir desarrollo en condiciones justas y posibles.
Mi llamado, entonces, es claro: Ecopetrol y Petrobras deben cumplir con la consulta previa como lo ordenan la Constitución y el Convenio 169. Pero además deben actuar con visión territorial. No es razonable que un proyecto como Sirius-2 tenga su centro de operaciones en Santa Marta y no en Riohacha. Si no querían entenderse con las comunidades, ahora la ley los obliga a hacerlo. La buena noticia: aún hay tiempo para corregir, para construir, para dialogar.
Porque la consulta previa no puede seguir siendo ni excusa de los inversionistas ni obstáculo por parte de las comunidades. Tiene que ser garantía. Y si se hace bien, puede ser el punto de partida del desarrollo que tanto le debemos a nuestras regiones.