La Guajira: Procuraduría hizo recomendaciones clave
en Comisión Intersectorial
El Ministerio Público aseguró que el programa de atención a niños
de entre 0 y 5 años (UCA), ofrecido por el ICBF, está generando desigualdad a los niños Wayuu en
cuanto al acceso efectivo de sus derechos y trato digno e igualitario.
La Procuraduría General de la Nación planteó recomendaciones
clave a las entidades que conforman el Comité Intersectorial de La Guajira,
para enfrentar la crisis de inatención estatal, falta de servicios públicos,
inseguridad alimentaria y de salud que afecta principalmente a los niños y
niñas wayuu.
Por disposición de la Corte Constitucional, la Procuraduría
tiene la misión de hacer seguimiento al cumplimiento de la sentencia que ordenó
resolver el Estado de Cosas Inconstitucionales frente a la protección especial
de los derechos al agua, salud y alimentación para las comunidades indígenas
Wayuu de los municipios de Riohacha, Manaure, Uribia y Maicao en La Guajira.
Durante su intervención en la décima sesión de esta comisión
en Riohacha, el procurador delegado para la Gestión y Gobernanza Territorial
(e), John Harvey Pinzón, explicó la posición del Ministerio Público frente a
cada problemática y propuso acciones puntuales para avanzar en soluciones
definitivas.
En primer lugar, se refirió al programa de atención a niños
de entre 0 y 5 años (UCA), ofrecido por el ICBF, cuyo planteamiento errado está
generando desigualdad de los niños Wayuu frente al resto de la población no
étnica en cuanto al acceso y goce efectivo de sus derechos y al trato digno e
igualitario.
Explicó que el diseño del programa no se adapta a la realidad
del pueblo Wayuu, sino por el contrario, obliga a la comunidad a acoplarse a la
forma como fue concebido, “cada unidad funciona con 20 niños, es decir que, si
en una comunidad hay 30, 10 deben buscar cupo en otras UCA, lo que implica
desplazarse largos trayectos expuestos a todo tipo de peligros”.
Frente a esta situación recordó que la oferta institucional
debe garantizar de manera efectiva la participación de las comunidades Wayuu,
el diálogo genuino con estas, y sobre todo la visión del enfoque étnico
diferencial.
En cuanto al acceso al agua, Pinzón aseguró que persisten las
dificultades por falta de claridad en las cifras y porcentaje de población
beneficiada con los diferentes proyectos implementados (pozos profundos, micro
acueductos, molinos, pilas públicas).
Recomendó que se especifique de manera clara y detallada el
tipo de fuente y monto de financiación, no solo para la rehabilitación de
infraestructura, sino también para la sostenibilidad de las soluciones en el
mediano y largo plazo; que la comunidad conozca los proyectos y tenga claridad
sobre los recursos asignados.
En cuanto a seguridad alimentaria y proyectos productivos,
Pinzón aseguró que es clave una revisión de los pozos de abastecimiento de agua
existentes y su optimización para suministro de agua potable, o al menos que se
reactiven para recuperar los sistemas de riego para las huertas.
Finalmente refirió que, en cuanto a salud, las principales
problemáticas detectadas son la insuficiencia de equipos médicos que visiten
las comunidades Wayuu y la inexistencia de atención prioritaria en algunas IPS
para los pobladores de dicha etnia en la zona rural dispersa.
La recomendación en este punto al Gobierno Nacional fue
avanzar de forma articulada con la gobernación y las alcaldías, en la ejecución
del plan de acción provisional propuesto a la Corte Constitucional, “los
equipos extramurales compuestos por profesionales de la salud que visitarán el
territorio y las labores de búsqueda activa de pacientes deben ser
permanentes”, aseguró el Delegado.
