Judicializados exsecretaria de Salud de Riohacha y
representante legal de fundación por irregularidades en contrato por $1.850
millones
La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de Vanessa
Lisette Ramírez Pugliesse, exsecretaria de Salud de Riohacha (La Guajira) y
Eduardo Alberto Ortiz Corzo, representante legal de la Fundación Progreso en
Marcha, como presuntos responsables de los delitos de peculado por apropiación
y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales.
En la fotografía aparecen dos personas capturadas una mujer y un hombre
capturados, junto a servidores del CTI. En la parte posterior de la imagen se
ve un banner con logos de la Fiscalía General de la Nación.
Vanessa Lisette Ramírez Pugliesse, exsecretaria de Salud de Riohacha (La
Guajira) y Eduardo Alberto Ortiz Corzo, judicializados por la Fiscalía.
La determinación se relaciona con presuntas irregularidades cometidas en
2018, durante la firma y ejecución de un convenio de colaboración entre el
municipio de Riohacha y la mencionada fundación por un valor de 1.850 millones
de pesos.
Según consta en la investigación, el convenio tenía como objetivo la
promoción y participación de la comunidad en el desarrollo integral de la salud
en la capital guajira.
Entre las posibles irregularidades se destaca que, una vez firmada el
acta de inicio del convenio, se pagó un anticipo por 925 millones de pesos.
Además, que al poco tiempo fue suspendido el contrato sin que se adelantará
ninguna actividad relacionada con el cumplimiento del mismo, y sin que hasta el
momento se tenga razón del destino de los recursos.
La captura de los implicados estuvo a cargo de servidores del Cuerpo
Técnico de Investigaciones (CTI) en varios sectores de Riohacha. Ninguno de los
dos implicados aceptó cargos y un juez les dictó medida de aseguramiento en su
lugar de residencia.