Fiscalía
logró condenas contra cuatro personas que trasladaron dineros de un programa
para evitar la mortalidad infantil a una campaña política en La Guajira
Ante la contundencia de
los elementos de prueba, los sentenciados habían aceptado su participación en
la desviación de los recursos públicos.
La Fiscalía General de
la Nación puso en evidencia un acto de corrupción que se materializó en 2011,
luego de la celebración de un contrato entre la Alcaldía de Albania (La
Guajira) y el Hospital San Rafael por 18.900 millones de pesos, cuyo objeto era
desarrollar un programa de salud para evitar la mortalidad de niños y madres
gestantes.
El centro asistencial
no tenía la capacidad técnica ni operativa para cumplir con las obligaciones
contractuales. En ese sentido, subcontrató a 10 profesionales de distintas
áreas de la salud para dar la apariencia de desarrollar el proyecto de salud.
Sin embargo, estas personas se dedicaron a vincular mediante contratos fachada
a 1.459 ciudadanos para que realizaran las consultas, tratamientos y
valoraciones, al igual que las visitas de campo a las comunidades afectadas por
falta de alimento, agua y medicamentos.
El material de prueba
evidenció de los beneficiarios de los múltiples contratos debían cumplir tres
requisito. Tener inscrita la cédula de ciudadanía para votar en Albania (La
Guajira), ser seguidores de la candidata a la gobernación del momento y aceptar
un pago menor al establecido en las órdenes de prestación de servicios.
Se comprobó que la
mayoría de las personas no cumplió actividad alguna, pero cobraron sus
honorarios a través de cheques. Los dineros fueron cambiados por efectivo y,
posteriormente, guardados en bolsas de basura y entregados a la campaña de la
entonces aspirante a la Gobernación de La Guajira.
Estos hechos fueron
aceptados, mediante preacuerdos, por cuatro de los profesionales que sirvieron
de intermediarios para desviar los recursos públicos de la salud. Es así como
un juez penal del circuito de Riohacha los declaró responsables del delito de peculado
por apropiación en favor de tercero.
Los sentenciados son:
Glenis Josefina Ojeda
Rivadeneira, quien firmó seis contratos para el subprograma de lactancia por
valor de 1.130 millones de pesos y dispuso de la contratación de 133 personas.
Emel Antonio Rodríguez
Amaya, señalado de contratar 672 personas para el subprograma de salud mental
por un valor superior a 1.230 millones de pesos.
Mayerlis Soto Carrillo,
involucrada en la celebración de seis contratos con el Hospital de Albania por
1.269 millones de pesos. A su vez, subcontrató a 244 ciudadanos.
Yira Patricia Montaño
Manjarrez, quien contrató 244 personas y cobró 1.203 millones de pesos.
La señora Ojeda
Rivadeneira fue condenada a cinco años y 10 meses de prisión; mientras que los
demás recibieron penas de cuatro años de prisión.
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