Por solicitud
de la procuraduría, tribunal militar envía
proceso contra 15 militares por homicidio de tres indígenas wayuu
Al acoger los
argumentos de la Procuraduría General de la Nación en primera y segunda
instancia, el Tribunal Superior Militar y Policial determinó que la Fiscalía es
la competente para continuar la investigación adelantada contra 15 militares,
procesados por su presunta responsabilidad en el homicidio de tres miembros de
la comunidad indígena wayuu, durante hechos ocurridos en la ranchería Atnamana,
jurisdicción de Maicao.
La decisión fue
adoptada al resolver un recurso de apelación instaurado por el Procurador 265
Judicial Penal de San Juan del Cesar, La Guajira, quien se opuso a la
prescripción del proceso decretada por el Juez 98 de Instrucción Penal Militar,
por considerar que este no tenía competencia para conocer el expediente y
adoptar esa medida.
En el fallo, los
magistrados del tribunal señalaron que en la investigación no está acreditado
que los hechos hubiesen ocurrido en desarrollo de una misión o tarea específica
atribuible a las funciones del Ejército Nacional, por lo cual ordenaron su
remisión a la justicia ordinaria y dejaron sin efecto la prescripción ordenada
por el juez penal militar.
“Existe duda si la
muerte de los indígenas Andrés Pushaina, Juvenal Pushaina y Alejandro González
se dio en el marco del cumplimiento de una tarea, objetivo, menester o acción
necesaria para el cumplimiento de la función que constitucional y legalmente le
corresponde al Ejército, con mayor razón, cuando como es sabido, las comunidades
indígenas y tribales gozan de un amparo de protección especial y reforzado en
el ordenamiento jurídico interno y supranacional”, precisaron en su
decisión.
Investigación
por pérdida del expediente
En el mismo fallo,
compulsaron copias a la Procuraduría y a la Justicia Penal Militar para que
investiguen disciplinaria y penalmente, de acuerdo con sus competencias, la
pérdida del expediente, pues, aunque el caso avanzó en sus etapas preliminares
durante los primeros cinco años, diez años después fue reportado como perdido.
Posteriormente, el
despacho judicial tardó otros cinco años en reconstruir solo una parte, lo que
llevó a que transcurrieran 20 años sin que se adoptara una decisión de fondo
sobre los posibles involucrados.
En su momento, el
Ministerio Público señaló que esa situación originó que se vencieran los plazos
para resolver la investigación, por lo que resultaba desproporcionado que se
decretara su prescripción.
“Las actuaciones de la
Justicia Penal Militar en este caso han puesto en peligro las más básicas
garantías de acceso a la justicia, la verdad y la reparación de las víctimas de
estos hechos, constituyéndose en un atentado contra los derechos humanos”,
puntualizó el órgano de control al radicar el recurso de apelación.
