Congresistas
demandaron la suspensión de la Ley de Garantías
El 12 de noviembre el
presidente Iván Duque sancionó la Ley del Presupuesto General de la Nación
2021, pese al fallo del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Bogotá.
A pesar de las
múltiples oposiciones, no se modificó el artículo que suspende la aplicación de
la misma. “Sancionamos la ley del Presupuesto General de la Nación 2022 que
prioriza la asignación de recursos en atención social a población vulnerable,
el apoyo al crecimiento económico y la generación de empleo, y cuenta con un
monto de inversión histórico que alcanza los $69,6 billones”, indicó el
presidente.
Tras la firma, cuatro
congresistas adelantaron procesos judiciales para demandar la decisión frente a
la Ley de Garantías. Junto a ellos, un grupo de líderes y analistas políticos
aseguran que esto puede suponer un riesgo inmenso de fraude en las elecciones
del próximo año, ya que habilita la celebración de convenios
interadministrativos con alta discrecionalidad para ejecutar recursos públicos.
Uno de los demandantes
es el senador y precandidato presidencial Roy Barreras, que anunció a través de
sus redes sociales «…la inconstitucionalidad que impedirá que eliminen la Ley
de Garantías y conviertan el presupuesto en piñata electoral…«
Katherine Miranda del
partido Alianza Verde utilizó sus medios sociales para mostrar su opinión “El
presidente se burla y se salta la Constitución al sancionar una ley que viene
con un mico terrible que es la derogación de la Ley de Garantías, a través de la
Ley de Presupuesto, algo que es a todas luces es inconstitucional”.
Los otros demandantes
son los representantes de Cambio Radical, el exministro David Luna y el
representante José Daniel López, quienes aseguran en un documento que “El
presidente Duque le dio vía a libre a modificar la Ley de Garantías, esto es un
golpe para la democracia y un espaldarazo a las maquinarias. Será muy difícil
garantizar la transparencia en las próximas elecciones con un cambio en las
reglas de juego, por eso decidimos demandar la “ley”, el silencio sería
cómplice de la corrupción”, aseguraron los demandantes en un documento.
