Procuraduría inició acción preventiva ante denuncias de mala calidad en el servicio de energía en siete departamentos de la Costa Atlántica

 

Procuraduría
inició acción preventiva ante denuncias de mala calidad en el servicio de
energía en siete departamentos de la Costa Atlántica



La Procuraduría General
de la Nación, a través de la Delegada para Entidades Territoriales y Diálogo
Social, inició acción preventiva de vigilancia superior ante las denuncias
sobre la mala calidad en el servicio de energía en siete departamentos de la
Costa Atlántica por parte de los operadores AIR-E y AFINIA.

Las inconformidades
evidenciadas por la comunidad, vocales de control, personerías y medios de
comunicación, se resumen en la baja calidad de la prestación del servicio con
interrupciones en intervalos largos y frecuentes; presuntas irregularidades en
el cobro de la facturación, y falta de claridad en la cesión del contrato con
los prestadores y en los cobros por verificación de conexión.

En este sentido, la
Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, instó a la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) y a la Comisión de
Regulación de Energía y Gas (CREG), a adelantar cuanto antes acciones para
evitar que continúen los presuntos perjuicios a las comunidades afectadas; los
posibles detrimentos al erario público, y se preste un servicio de energía con
calidad en la Costa Atlántica, de conformidad con lo estipulado en los
contratos asumidos por los prestadores.

Las quejas también
fueron trasladadas por este órgano de control a la Superservicios y se requirió
a la CREG ante la inconformidad de los gremios y de la comunidad por el aumento
de tarifas aprobado a los prestadores. También pidió dar respuesta a lo
establecido en la Resolución CREG 015/2018 en términos de la calidad del
servicio y los cargos autorizados.

Por último, este
organismo de control, en ejercicio de sus funciones adelantará las acciones a
las que haya lugar contra funcionarios o personas privadas que tengan a cargo
la prestación de servicios públicos, por la omisión en el cumplimiento de sus
deberes constitucionales y legales.


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