Procuraduría
apela prescripción de proceso adelantado contra 15 militares por asesinato de
tres indígenas Wayuu, en La Guajira
Fuente: RS
La Procuraduría General
de la Nación apeló la decisión del Juez 98 de Instrucción Penal Militar de
decretar la prescripción de un proceso adelantado contra 15 militares, por su
presunta responsabilidad en el homicidio de tres miembros de la comunidad indígena
Wayuu, en la ranchería Atnamana, jurisdicción de Maicao.
El Procurador 265
Judicial Penal de San Juan del Cesar, La Guajira, en desarrollo de su función
de intervención, precisó que el hecho, ocurrido el 16 de mayo de 2000, podría
llegar a calificarse como un homicidio en persona protegida o inclusive en un
crimen de lesa humanidad, razón por la cual la conducta sería imprescriptible,
es decir no habría un límite de tiempo para adelantar y culminar la
investigación.
El órgano de control
recordó, además, que el proceso avanzó en sus etapas preliminares durante los
primeros cinco años, pero diez años después fue reportado como perdido.
Finalmente, el despacho judicial tardó otros cinco años en reconstruir solo una
parte, por lo que transcurrieron 20 años sin que se adoptara una decisión de
fondo sobre los posibles involucrados.
Esa situación ocasionó
que se venciera el plazo fijado por la normatividad legal para resolver un
caso, que es precisamente de 20 años, por lo que resulta desproporcionado
decretar la prescripción, sin que al menos se hubiese abierto formalmente la
investigación.
La Procuraduría indicó
que a pesar de la dificultad para rehacer en su totalidad lo actuado, el juez
“pudo lograr primigeniamente la identidad de los militares que presuntamente
participaron, así como la determinación del lugar y fecha de los hechos”, en
los que murieron Juvenal y Andrés Pushaina y Alejandro González.
A juicio del Ministerio
Público, “las actuaciones de la Justicia Penal Militar en este caso, han puesto
en peligro las más básicas garantías de acceso a la justicia, la verdad y la
reparación de las víctimas de estos hechos, constituyéndose en un atentado
contra los derechos humanos”.
El órgano de control
pidió, además, que se estudie la competencia de la Justicia Penal Militar, y si
se remite el expediente a la jurisdicción ordinaria.
También solicitó que se
adopten las acciones disciplinarias o penales que se consideren pertinentes
para determinar los responsables de las irregularidades y demoras presentadas
en este caso.
Finalmente, requirió
que se asegure el derecho a la información y el acceso a la justicia de los
familiares de las víctimas, para que conozcan las determinaciones que se
adopten durante la investigación.
