Convocan
nueva jornada de protestas para el 12 de mayo tras fracaso de reunión con el
Comité del Paro
Fuente: RS
Sindicatos y
organizaciones sociales convocaron a una nueva jornada de protestas, después de
que el Comité Nacional del Paro y el presidente Iván Duque, no lograsen ningún
acuerdo en la reunión celebrada este lunes, tras trece días consecutivos de
movilizaciones sociales.
Las protestas, menos
intensas que en los días anteriores, persistieron a lo largo del país en medio
de voces que llaman al diálogo para salir del atolladero, y después de que este
domingo subiera la tensión en la ciudad de Cali por los enfrentamientos de
supuestos civiles armados contra la marcha indígena.
«El Gobierno en los dos
temas centrales que se plantearon sobre las garantías de las protestas y sobre
el cese a la actuación desmedida de la fuerza pública contra la gente (…) no
dijo nada en concreto», dijo a Efe el secretario general de la Central Unitaria
de Trabajadores de Colombia (CUT), Diógenes Orjuela.
Sindicalistas,
organizaciones sociales, los profesores, entre otros los que se agrupan bajo la
sombrilla del Comité Nacional del Paro convocaron para el próximo miércoles a
un nuevo paro (huelga) nacional, el tercero de las protestas, pues hoy no hubo
humo blanco.
A la reunión, realizada
en la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo, asistieron además del jefe de Estado,
la vicepresidente de la República, Marta Lucía Ramírez; el alto Comisionado
para la Paz, Miguel Ceballos y los representantes del comité de paro.
Además, acudieron como
mediadores el representante de Colombia ante la ONU, Carlos Ruiz, y el
representante de la Iglesia Católica monseñor Héctor Fabio Henao.
Lo que piden los
jóvenes
Pese a que Duque retiró
la reforma fiscal, principal motivo de las protestas, las movilizaciones de los
jóvenes centran sus peticiones en que el Gobierno debe buscar mecanismos para
ofrecerles verdaderas oportunidades de trabajo, educación, que cese la brutalidad
policial y que se retire del Congreso un intento de reformar la salud, entre
muchas otras demandas que se escuchan en las calles.
El presidente, tras
repetidos llamados de que acudiese a la ciudad de Cali, epicentro de las
protestas, hizo anoche una visita relámpago de cuatro horas para reunirse con
las autoridades locales, aunque no se reunió con ningún protestante o visitó
los barrios más afectados por las protestas.
Allí el jefe de Estado
pidió, una vez más, que se levanten los bloqueos que los protestantes han
puesto en las salidas y entradas de la ciudad -y de otras localidades del país-
y que los indígenas del suroeste del país regresen a sus resguardos «para
evitar confrontaciones».
La visita se produjo
luego de 12 días de protestas, con graves disturbios, episodios de saqueos y
brutales escenas de violencia policial, y después de que ayer varios supuestos
civiles armados comenzaran a disparar contra la minga (marcha) indígena a las
afueras de la ciudad, dejando a ocho guardias indígenas heridos.
Coincidencias y
diferencias con el comité de paro
Desde que comenzaron
las protestas el pasado 28 de abril en Colombia, al menos 27 personas han
muerto durante las jornadas reivindicativas, según informó el viernes la
Fiscalía y la Defensoría del Pueblo en un documento en el que aclara que de
esos fallecimientos, 11 están ligados directamente con los hechos, 7 están «en
verificación» y hay 9 que no tienen relación con las protestas.
Sin embargo, la ONG
Temblores y el Instituto de Estudios para la Paz (Indepaz) ha documentado 47
víctimas mortales (35 de ellas en Cali), 1.876 casos de uso abusivo de la
fuerza, al menos 28 víctimas de agresión ocular, 278 heridos y 963 detenciones
arbitrarias en contra de manifestantes, así como casos de violencia sexual
contra 12 personas.
El rechazo a la
violencia es el punto en el que están de acuerdo el Gobierno y el Comité de
Paro. Ambos lo rechazaron. Sin embargo, en otros asuntos hay profundas
diferencias.
El presidente de la
Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Francisco Maltés, afirmó a periodistas
tras la reunión que «no hubo empatía del Gobierno» con las causas de las
protestas ni «con las víctimas de la violencia que se ha ejercido de forma
desproporcionada contra los manifestantes».
«Hemos exigido que se
pare la masacre, que se pare la violencia oficial y privada contra las personas
que están haciendo el legítimo ejercicio del derecho a la protesta», expresó el
líder sindical.
Además según Orjuela en
el «tema de negociación evadió (el Gobierno) totalmente la palabra negociación
y que nombraba un equipo para que empezáramos a trabajar, pero sin ninguna
claridad nosotros no vamos a repetir lo que sucedió en el año 2019 y comienzos
de 2020».
Recordó que en el
pasado esas «largas conversaciones» nunca llegaron a ningún acuerdo porque el
Gobierno nunca «aceptó que era una negociación».
El alto comisionado
para la paz, Miguel Ceballos, coordinador del diálogo nacional, aseguró que
«hay coincidencia en el rechazo a la violencia y en la cero tolerancia a cualquier
conducta de la fuerza pública que vaya contra la Constitución y la ley, pero
también una condena clara contra toda violación del derecho que tiene cualquier
ciudadano a su integridad física y personal».
Y consideró que esta
reunión era «exploratoria» y que de todos modos se acordó crear espacio de
diálogo con mediación de ONU e Iglesia.
«No era el espíritu
presentarle al país una declaración conjunta ni llegar a un acuerdo pero sí era
el espíritu (…) el construir un espacio respetuoso y productivo de acuerdos»,
sostuvo. EFE