Proceso
contra el expresidente Uribe entró a fase de decisiones
Fuente: NS
Cinco días. Ese es el
plazo que le queda al director de Fiscalías delegadas ante la Corte Suprema de
Justicia, Gabriel Ramón Jaimes Durán, para decidir si precluye la investigación
contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, o si o lo acusa ante un juez por los
delitos de soborno en actuación penal y falsedad procesal.
Y es que el plazo vence
el próximo sábado 6 de marzo para que el fiscal Jaimes, designado por el Fiscal
General de la Nación para llevar este proceso, tome una decisión de fondo que,
en cualquier caso, será polémica.
Si precluye en favor
del también expresidente, la oposición argumentará que fue una decisión
sesgada, y si lo acusa el uribismo dirá que lo hizo presionado por sectores de
izquierda y que no hay pruebas contundentes contra el jefe del Centro
Democrático.
En cualquier caso, se
trata del proceso penal más importante de los últimos años por la importancia
de Uribe Vélez en la vida política del país.
En este momento son
varios los hechos jurídicos que están pendientes de resolverse antes de que el
proceso entre en la etapa de definiciones. En primer lugar, la propia Corte
Suprema de Justicia no se ha pronunciado sobre una tutela que interpuso el
propio Uribe contra el Juez Cuarto Penal que lo declaró imputado. El Tribunal
Superior de Bogotá rechazó el recurso, pero este fue impugnado ante la propia
Corte.
Esta decisión es clave
porque si la Corte dice que la indagatoria que ya había rendido el exsenador
ante la Sala Especial de Instrucción de esa corporación bajo la Ley 600/2000 no
es homologable a la imputación de cargos bajo la Ley 906/2004, Sistema Penal
Acusatorio, implicaría que el proceso pudiera comenzar de cero.
No obstante, el fiscal
Jaimes Durán, desde el mismo 6 de noviembre pasado cuando el juez Cuarto Penal
declaró formalmente imputado a Uribe Vélez, ordenó la práctica de más de un
centenar de pruebas y testimonios, muchas de las cuales ya obraban en el
expediente que le remitió la Corte Suprema en agosto pasado.
Por ello, el senador
Iván Cepeda, parte civil en el proceso, se ha quejado de la “falta de
garantías” del fiscal Jaimes, y ha pedido el cambio de instructor, petición que
no ha aceptado el fiscal Francisco Barbosa.
También está pendiente
la verificación de la información contenida en seis tarjetas sim que le fueron
halladas a Monsalve en su celda y el proceso que se sigue contra los abogados
Diego Cadena y Juan Carlos Salazar. Ambos están privados de la libertad
precisamente por el mismo cargo que Urbe: supuesta manipulación de testigos.
De hecho, Cadena ya fue
llamado a juicio y está privado de la libertad, mientras su socio Salazar está
libre pero vinculado al expediente.
Nuevos testimonios
Por otra parte, en las
últimas semanas la defensa de Uribe logró en la Fiscalía lo que durante varios
años no pudo conseguir en la Corte Suprema: que fueran contrainterrogados dos
testigos clave en este proceso: el exparamilitar Juan Carlos Sierra, más
conocido como ‘El Tuso’ Sierra.
Su testimonio es
determinante pues según la defensa de Uribe, el senador Cepeda le habría hecho
ofrecimientos de asilo para su familia a cambio de testificar contra el
expresidente Uribe Vélez y su hermano Santiago, también vinculado a una
investigación penal por conformación de grupos paramilitares.
Por otra parte, la
Fiscalía citó a rendir declaración jurada al testigo estrella contra Uribe: el
exjefe paramilitar Juan Guillermo Monsalve, hijo del administrador de la finca
Guacharacas, ubicada entre los municipios de Yolombó y San Roque, que fue
propiedad de la familia del exmandatario y donde, al parecer, nacieron varias
Convivir durante su gestión como Gobernador de Antioquia.
Monsalve, no obstante,
se ha negado a declarar y denunció a través de su abogado Miguel Ángel del Río
“presiones y amenazas”. Es por ello que el fiscal Jaimes la semana pasada le
remitió una carta en la que le recuerda que “es obligatorio” que cumpla con esa
diligencia.
Jaimes Durán también
ordenó realizar una inspección al proceso que se adelanta en el Tribunal de
Justicia y Paz de Medellín donde se da cuenta de la creación del ‘Bloque Metro’
de las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia, para “recopilar copias de las
diligencias, versiones y demás piezas procesales que se consideren relevantes
para la investigación que se sigue en este despacho”, es decir el proceso
contra Uribe Vélez.
La Fiscalía de Jaimes
Durán, así mismo, pidió copia del interrogatorio que rindió Cadena y de las
entrevistas que rindió el exparamilitar Carlos Enrique Vélez, alias ‘Víctor’,
de quien se dice el abogado Cadena habría favorecido con ayudas en dinero para
su familia a cambio de testificar contra Uribe.
La solicitud del fiscal
Jaimes Durán de repetir buena parte del trabajo procesal que ya había realizado
la Corte Suprema de Justicia “es normal”, según ha dicho el abogado Jaime
Granados Peña, apoderado de Uribe Vélez en su defensa técnica, pues dice que lo
que busca el funcionario es “verificar la información” que ya había recopilado
la Corte.
De otro lado, mientras
avanza este proceso en la Fiscalía contra el exsenador del Centro Democrático,
la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes abrió indagación en
contra del exmagistrado de la Corte Suprema José Luis Barceló, por supuestamente
haber legalizado conversaciones de Uribe Vélez cuando se pretendía era hacerle
seguimiento al congresista Nilton Córdoba.
La propia defensa de
Uribe ha pedido que esas grabaciones no sean tenidas en cuenta, pero el tema
apenas comienza en esa célula legislativa.
Tampoco se ha definido
qué ha pasado con los pantallazos de chat que entregó el senador Cepeda como
prueba de la supuesta manipulación a Monsalve, porque el senador nunca entregó
su celular argumentando que se le dañó, pero la Corte sí valió ese material
probatorio.
Lo cierto es que la
presión mediática es cada vez mayor, pues mientras sectores cercanos al
uribismo reclaman la preclusión del proceso, del otro lado del espectro
político consideran reclaman del fiscal Jaimes Durán una decisión “en derecho”.
De cualquier forma,
solo esta semana se sabrá el futuro jurídico del expresidente y exsenador,
aunque vale recordar que este es apenas uno de los procesos penales a los que
está vinculado, pues la Corte Suprema de remitió a la Fiscalía General solo
este caso y los que tiene relación con las masacres de El Aro, La Granja y el
crimen del defensor de derechos humanos Jesús María Valle.
Sin embargo, en el alto
tribunal cursan otros procesos contra el jefe del Centro Democrático
relacionados con su actuación como congresista.