Por: Hugues Gámez Gámez
Con el inicio del mes de noviembre, el Concejo Municipal de San Juan del Cesar dio apertura a las últimas sesiones ordinarias correspondiente a la presente vigencia fiscal,este hito del calendario político local no solo marca el cierre del trabajo edilicio del año, sino que impone un balance inevitable sobre la gestión de una corporación que, hasta la fecha, arrastra una pesada deuda social con los sanjuaneros.
El malestar ciudadano no es gratuito,durante los periodos de sesiones anteriores, la corporación pública transitó por una preocupante inercia frente a problemas estructurales que impactan directamente la calidad de vida de los habitantes, la agenda edilicia ha carecido de contundencia para abordar asuntos prioritarios como la desmedida regulación y supervisión de las tarifas de los servicios públicos domiciliarios, un azote permanente para el bolsillo de las familias y el desorden endémico de la movilidad urbana, donde la falta de autoridad y planeación reina en las vías principales.
A esto se suma la pasividad frente a la contaminación auditiva, que se ha consolidado como la problemática ambiental más agresiva y ruidosa de la cabecera municipal, afectando la tranquilidad, el descanso y la salud de la población sin que existan controles efectivos ni normativas sancionatorias rigurosas,de igual manera, la invasión y desorganización del espacio público continúa sin soluciones de fondo; un tema clave para la convivencia ciudadana sobre el cual el cabildo poco o nada aportó en sus debates previos.
El concejo municipal es una corporación sin iniciativas propias ni control político contundente,desde el punto de vista normativo e institucional, el balance resulta desalentador,la ciudadanía observa con escepticismo cómo la capacidad propositiva de los concejales ha sido marginal,la expedición de proyectos de acuerdo de iniciativa propia de los miembros de la corporación ha sido prácticamente inexistente,en lugar de actuar como un órgano generador de soluciones a los problemas locales, la corporación ha desplazado su rol propositivo.
Más preocupante aún ha sido la tibieza en el ejercicio del control político,la función constitucional de fiscalizar, cuestionar y vigilar con rigor las actuaciones y contrataciones de la administración municipal ha quedado eclipsada, dejando la sensación de que el Concejo ha funcionado más como un trámite administrativo del ejecutivo que como un contrapeso independiente y en favor de la comunidad.
El empréstito de los $18.000 millones,el detonante del debate; pues ha sido el hecho más trascendental y controvertido de la reciente actividad del cabildo,la aprobación de las facultades otorgadas al ejecutivo municipal para contratar un empréstito con la banca pública o privada por un monto de hasta 18.000 millones de pesos,esta decisión encendió el debate económico y político en el municipio.
Por un lado, los sectores alineados con el ejecutivo defienden el endeudamiento como una palanca financiera indispensable para ejecutar obras de infraestructura y dinamizar la economía local antes de finalizar el periodo institucional.
Por el otro, analistas, líderes comunitarios y sectores de la oposición advierten sobre el impacto fiscal a mediano y largo plazo, cuestionando la capacidad de pago del municipio y exigiendo garantías de absoluta transparencia en la destinación y ejecución de dichos recursos.
Al concejo municipal le llegó la hora de saldar deudas con la ciudadanía,porque hasta el momento, el desempeño global de los cabildantes ha sido catalogado por la opinión pública como regular y distante de las expectativas colectivas,san Juan del Cesar no requiere de una corporación que actúe por inercia o por conveniencia política coyuntural; exige un cuerpo colegiado maduro, autónomo y verdaderamente comprometido con las urgencias del municipio.
Estas últimas sesiones de noviembre representan la última oportunidad de la vigencia para que los concejales cambien el rumbo,la ciudadanía espera que, en esta recta final, dejen de lado las agendas individuales, recojan con rigor las denuncias sobre servicios públicos, ruido, espacio público y movilidad, y ejerzan la vigilancia estricta que requiere la ejecución del multimillonario empréstito aprobado,el tiempo para saldar la deuda social,se agota, y la comunidad mantendrá la lupa puesta sobre cada debate.
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