La riqueza de un territorio pierde sentido cuando no se convierte en bienestar para sus habitantes.
Por Luis Horgelys Brito Ariza
Abogado especialista en Derecho Administrativo y Servicios Públicos Domiciliarios.
Activista social y veedor ciudadano.
El desarrollo que no llega
Una carretera deteriorada revela mucho más que el desgaste del asfalto: expone la distancia entre las prioridades del poder y las necesidades de la población. En Cuatro Vías–Uribia, los huecos y las hendiduras visibles interpelan la manera como se planea, se invierte y se conserva la infraestructura pública.
La Guajira participa de una economía extractiva de enorme importancia, pero esa relevancia no basta si sus habitantes deben resignarse a una movilidad precaria. La contradicción resulta políticamente inaceptable: un territorio estratégico para producir riqueza no puede ser secundario cuando reclama condiciones dignas para vivir.
El desarrollo debe reconocerse en la vida cotidiana, no solamente en los balances económicos.
El costo del abandono
El deterioro vial distribuye sus costos entre quienes menos capacidad tienen de evitarlos. El transportador afronta reparaciones; las familias, mayores dificultades para desplazarse; el comercio, incertidumbre logística. Una llanta averiada o una suspensión dañada no son asuntos menores cuando el vehículo sostiene el ingreso de un hogar.
A ello se suma el riesgo de maniobrar para esquivar obstáculos y la dificultad de circular en condiciones adversas. La seguridad exige anticipación, no esperar una tragedia para justificar medidas.
El corredor, de aproximadamente 38 kilómetros según las referencias consultadas, necesita una evaluación integral. Su recuperación debe incluir pavimento, drenajes, señalización y mantenimiento, con soluciones que duren.
Gobernar es coordinar
La anarquía institucional aparece cuando las competencias se dispersan y la solución no llega al ciudadano. Cada dependencia puede explicar sus límites; ninguna explicación administrativa repara por sí sola una carretera.
Los artículos 209 y 288 de la Constitución ofrecen un criterio inequívoco: las autoridades deben coordinar su actuación. Precisar quién administra la vía es indispensable; convertir esa discusión en una excusa para la inacción es inadmisible.
Al gobernador Jairo Aguilar Deluque se le exige liderazgo para articular capacidades, identificar financiación y hacer seguimiento público. La gestión departamental debe expresarse en una ruta verificable de intervención, con responsables y plazos, no agotarse en declaraciones de intención.
Los anuncios deben probarse
El alcalde de Uribia, Jaime Luis Buitrago García, tiene una responsabilidad política de primer orden: impulsar la respuesta interinstitucional que merece la capital indígena de Colombia.
El anuncio de rehabilitación divulgado por Guajira News el 24 de marzo de 2026 obliga a examinar resultados. Corresponde publicar qué tramo comprende la intervención, cuál es su financiación y cuánto se ha ejecutado.
Anunciar una obra no equivale a entregar una solución. Entre ambos momentos existen obligaciones de planeación, ejecución y control que deben poder verificarse. La ciudadanía necesita acceso a contratos, cronogramas e informes de interventoría para contrastar la promesa institucional con el estado real de la infraestructura.
Cerrejón: compromiso territorial
La discusión sobre Cerrejón no puede reducirse a celebrar producción y aportes fiscales. También debe abordar cómo su presencia contribuye a cerrar las brechas del territorio donde desarrolla su actividad.
La empresa debe ser convocada a una agenda de cooperación vial, con compromisos verificables y dentro de sus obligaciones y de los mecanismos legales disponibles. Esta participación complementa la acción pública; no exonera al Estado ni convierte automáticamente a la compañía en administradora de la carretera.
Las regalías, por su parte, requieren una rendición de cuentas comprensible: recursos asignados, proyectos financiados y resultados obtenidos. La riqueza regional debe dejar una huella reconocible en el bienestar colectivo.
La guajira también es nación
Al presidente Abelardo de la Espriella y al Gobierno nacional les corresponde escuchar esta exigencia territorial y articular, dentro de sus competencias, una respuesta con el departamento y el municipio.
La conectividad de Uribia no es un asunto periférico. Incide en el acceso a servicios, el comercio, el turismo y las oportunidades de las comunidades wayúu. La importancia cultural de la capital indígena debe tener correspondencia en las decisiones de inversión.
El país no puede medir su progreso únicamente desde sus grandes centros urbanos. La equidad territorial exige que las regiones productoras de riqueza encuentren también condiciones dignas de movilidad y oportunidades reales de desarrollo.
La dignidad exige resultados
Desde la veeduría ciudadana, el requerimiento es concreto: diagnóstico técnico público, atención prioritaria de puntos peligrosos y un plan financiado de recuperación y conservación.
Cada compromiso debe tener un responsable, un plazo y una forma de verificar su cumplimiento. Las comunidades y los usuarios deben participar del seguimiento; los órganos de control, actuar conforme a sus competencias cuando existan méritos.
La Guajira no necesita acostumbrarse a la precariedad ni agradecer como concesión lo que merece como prioridad pública. Uribia exige una carretera segura y duradera. La medida de un gobierno no está en la solemnidad de sus anuncios, sino en su capacidad de resolver aquello que deteriora la vida de la gente.
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