El miedo no puede gobernar un pueblo ni el silencio ser la respuesta.
por Luis Horgelys Brito Ariza
Abogado, activista social y veedor ciudadano
Un pueblo no puede acostumbrarse
¿En qué momento comenzamos a recibir la noticia de otro asesinato como si fuera parte inevitable de la vida cotidiana? San Juan del Cesar no puede resignarse a contar muertos, acompañar entierros y esperar el siguiente disparo. Detrás de cada víctima hay una familia, una historia y una ausencia que ningún comunicado puede reparar.
El 28 de septiembre, Guajira News informó del asesinato de Rafael Alfonso Morón Carrascal, pensionado de Cerrejón, en inmediaciones del antiguo Telecom. Gente, Cultura y Pueblo lo identificó también como propietario de un expendio de productos cárnicos. Su muerte vuelve a poner sobre la mesa una pregunta dolorosa: ¿qué garantías tenemos para trabajar y regresar vivos a casa?
Nombres que exigen respuestas
Este dolor tiene antecedentes concretos. Diario del Norte reportó en febrero el asesinato del tendero Robinson Álvarez y recordó el caso de Freider Samuel Mejía Urbina, ocurrido en la tienda Cristo Rey, en Rancho Luna. En julio informó sobre las muertes de José Luis Brito Ortega, conocido como “Makelele”, y Julio Villamil Yépez, en dos ataques registrados el mismo día.
Estos casos no constituyen un censo completo ni permiten, por sí solos, calcular cuánto ha aumentado la criminalidad. Sí demuestran que la preocupación tiene hechos detrás. Las autoridades deben publicar cifras comparables y explicar los avances que legalmente puedan divulgar. Los nombres de las víctimas no pueden desaparecer entre titulares y promesas.
La vida no admite jerarquías
“La vida no vale nada” es el grito de impotencia que provoca la repetición de estas tragedias. Precisamente por eso debemos rechazar que esa frase termine convertida en costumbre. Toda vida vale, sin importar apellido, oficio, barrio, dinero o cercanía con el poder.
Hoy el duelo golpea a un vecino, a un comerciante, a un paisano. Mañana podría tocar a cualquiera, incluso a la familia de quien gobierna. No es una amenaza: es un llamado a comprender que compartimos la misma vulnerabilidad. No hace falta que el dolor llegue al despacho del alcalde para que merezca toda la atención del Estado.
¿Quién responde por la seguridad?
La Constitución no convierte la protección de la vida en un favor. Sus artículos 2 y 11 establecen el deber de protección y la inviolabilidad de la vida. El artículo 315.2 señala al alcalde como primera autoridad de policía del municipio; el 218 define la finalidad de la Policía, y el 250 establece las obligaciones investigativas de la Fiscalía.Cada institución debe responder dentro de sus competencias. Al alcalde le corresponde liderar y coordinar medidas de seguridad; a la Policía, prevenir y actuar; a la Fiscalía, investigar y promover la acción penal cuando corresponda. Exigir resultados no significa ordenar condenas anticipadas: significa reclamar trabajo verificable, protección y respeto por el debido proceso.
Las cámaras también deben rendir cuentas
El 6 de octubre de 2021, durante la administración de Álvaro José Díaz Guerra, Diario del Norte recogió referencias a un centro de monitoreo con cámaras de seguridad. Ese antecedente obliga a preguntar qué infraestructura recibió la administración actual y en qué condiciones se encuentra.
¿Cuántas cámaras están operativas? ¿Quién las monitorea y en qué horarios? ¿Cómo se articulan con la Policía Nacional? ¿Qué mantenimiento reciben? ¿Cuál fue la inversión, qué obligaciones se contrataron y cómo se verificó su cumplimiento? ¿Se preservan oportunamente las grabaciones útiles para las investigaciones?
No afirmo que las cámaras estén apagadas ni atribuyo irregularidades sin documentos. Exijo un informe público con contratos, actas e indicadores de funcionamiento, respetando la información cuya reserva esté legalmente justificada. Una cámara instalada no equivale, por sí sola, a seguridad garantizada.
Menos ceremonias, más protección
San Juan necesita prevención en barrios y corregimientos, investigación criminal, atención a las familias y canales seguros de denuncia. Los consejos de seguridad deben producir compromisos, responsables, plazos y seguimiento público. La ciudadanía tiene derecho a conocer qué se está haciendo y qué falta.
Como abogado, activista social y veedor ciudadano, reclamo una respuesta seria y coordinada. Nuestro pueblo merece conservar sus encuentros, su comercio y su tranquilidad. El miedo no puede decidir a qué hora salimos, cuándo cerramos un negocio o cómo vivimos.
Que ninguna muerte se vuelva paisaje. Que ninguna familia tenga que mendigar justicia. San Juan del Cesar no necesita aprender a vivir con miedo: necesita autoridades que protejan la vida.