Por: Hugues Gámez Gámez
Una solicitud urgente de protección preventiva y derecho de petición fué radicada ante la administración municipal de San Juan del Cesar por el ciudadano Diego Andrés Suárez Guzmán, en nombre propio y de su núcleo familiar, conformado especialmente por su madre, Nelcy Guzmán (de 59 años).
La solicitud busca frenar una eventual recuperación administrativa o desalojo de hecho de una dependencia ubicada en el complejo de la plaza de mercado o antiguo terminal de paso, un espacio que la familia ha habitado y custodiado durante cerca de dieciocho años.
Según el relato expuesto en la petición, la ocupación del inmueble no se dio de forma clandestina, sino al finalizar el periodo del entonces alcalde Arnoldo Marulanda Brito, a través de una gestión atribuida al fallecido Mingo Gámez, con el propósito de cuidar unas oficinas que se encontraban abandonadas y expuestas al vandalismo y desvalijamiento.
La familia detalla que al ingresar encontraron el espacio sumamente deteriorado, con filtraciones de agua lluvia, paredes agrietadas, un baño inservible y un rebosamiento de aguas negras. Con recursos y trabajo propio, el núcleo familiar realizó reparaciones en el sistema sanitario, colocó baldosas, instaló un sanitario y llevó a cabo mantenimientos periódicos para conservar condiciones mínimas de habitabilidad.
El requerimiento destaca que la señora Nelcy Guzmán cuenta con un diagnóstico médico de trastorno mixto de ansiedad y depresión (historia clínica aportada bajo reserva legal), por lo cual las amenazas de expulsión abrupta generan un grave riesgo para su salud mental.
La controversia surge debido al inicio de un proyecto de mejoramiento de la plaza de mercado y galería popular por parte del Municipio y la Gobernación, tasado en más de trece mil millones de pesos. Aunque el peticionario reconoce el interés general de recuperar el bien público y aclara que no buscan apropiarse del inmueble por el paso del tiempo, denuncian que funcionarios habrían amenazado con la intervención de la Policía y la Inspección de Policía sin exhibir un acto administrativo previo, cronograma social ni una oferta formal de reubicación o alojamiento temporal.
El documento exige a la Alcaldía Municipal encabezada por el alcalde Enrique Camilo Urbina Suárez, el jefe de la Oficina Jurídica Willer Arciniegas Castro y el secretario de Planeación Rafael Humberto Frías Mendoza,la adopción inmediata de medidas preventivas para evitar vías de hecho, cortes de servicios o desalojos sin debido proceso. Asimismo, solicita una caracterización socioeconómica y una mesa de concertación interinstitucional.
Finalmente, se ha pedido la intervención de los órganos de control,al personero municipal, Bily Hamilton Daza Brito, se le solicita actuar como garante de los derechos fundamentales y acompañar a la familia.
Al procurador provincial de instrucción, Carlos Andrés Tovar Orozco, se le pide vigilancia preventiva sobre las actuaciones de las dependencias municipales.
Se registra además el acompañamiento cívico y veeduría ciudadana ejercida por el abogado y activista Luis Horgelys Brito Ariza, quien acudió al lugar para verificar la situación habitacional en el marco de la ley.
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