Por: Hugues Gámez Gámez
La reconstrucción de un mercado público debería ser, por definición, una promesa de desarrollo, modernización y dignificación para un municipio. Sin embargo, en la práctica, las obras de infraestructura urbana suelen destapar tensiones profundas entre la planeación institucional y las realidades sociales de quienes habitan y laboran en estos espacios.
El reciente escenario que se vive en torno a este proyecto, intervenido nuevamente tras su última espoliación, refleja un panorama complejo de desacuerdos, por un lado, la administración municipal sostiene que sus actuaciones proceden “ajustadas estrictamente a la ley”, escudándose en la legalidad formal de los procesos y mostrando como evidencia el encerramiento perimetral que ya delimita toda la zona de obra.
Por el otro, las personas que ocupan el interior del mercado perciben la situación de una manera radicalmente distinta,interpretan la exigencia de desocupación como un desalojo arbitrario,su reclamo no es caprichoso; descansa sobre una angustia lógica ante la falta de garantías sobre su futuro económico y su destino laboral, sumado a la exigencia de indemnizaciones justas que compensen las afectaciones a sus medios de subsistencia.
Aquí radica el núcleo del conflicto,la legalidad administrativa no siempre equivale a legitimidad social,si bien el desarrollo de la obra es indispensable para el municipio, los procesos de renovación urbana no pueden reducirse a vallados y decretos que ignoren el tejido humano y comercial preexistente, pretender avanzar en una intervención de esta magnitud mientras se “busca llegar a un acuerdo” es poner la carreta delante de los bueyes, generando un clima de zozobra e inconformidad que enturbia el propósito de la obra.
El gran reto para la alcaldía no es solo ejecutar un contrato o levantar una estructura moderna, sino demostrar capacidad de diálogo real y empatía social,las obras públicas se construyen con cemento, pero la paz de una comunidad se teje con acuerdos transparentes, respeto a la dignidad del trabajador y soluciones de reubicación o compensación que eviten dejar a decenas de familias a la deriva,la ley debe cumplirse, sí, pero con justicia social y humana.
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