Luís Alonso Colmenares Rodríguez – Veedor Ciudadano
La protesta social y la consulta previa, dos garantías nacidas para proteger los derechos legítimos de las comunidades, se han convertido en el negocio favorito para enriquecer a falsos líderes que se atraviesan en el camino del desarrollo. Y mientras esos avivatos cobran, el país entero paga la factura del atraso.
Empecemos por la protesta. El Consejo de Estado condenó a la Corporación Comunitaria Juntas de Acción Comunal de San Isidro de Chichimene y a su representante a resarcir a Ecopetrol los perjuicios causados por el bloqueo en la Estación Chichimene, en Acacías, Meta. El alto tribunal fue enfático: la protesta pierde su blindaje constitucional cuando degenera en vía de hecho, paraliza operaciones legales y causa un daño patrimonial real y medible. El fallo es un precedente histórico que confirma mis denuncias: detrás de algunos bloqueos “sociales” no siempre hay una reivindicación colectiva legítima, sino el negocio de falsos líderes que lo promueven para sacarle beneficio económico personal.
Con la consulta previa está pasando exactamente lo mismo, solo que con menos escándalo mediático y más plata en juego. El caso de Sirius, el mayor hallazgo de gas en la historia de Colombia, es escandaloso: de 117 consultas previas requeridas para desarrollar el proyecto, Ecopetrol y Petrobras cerraron con éxito 116, y una sola comunidad de pescadores de Taganga exige un pago hasta veinte veces mayor al que aceptaron, en conjunto, las otras 115 comunidades certificadas: “Esa comunidad está a nivel de extorsión…”.
¿Cuál es el perjuicio real, objetivo y verificable que le causa a una comunidad en tierra firme un pozo ubicado a decenas de kilómetros mar adentro, para justificar semejante desproporción? Porque una indemnización responde a un daño demostrado, no a la capacidad de presión de quien se erige como vocero.
Otro caso es el proyecto Colectora, infraestructura de transmisión eléctrica clave para conectar siete parques eólicos de La Guajira y Cesar, ya acumula ocho años de atraso porque el Ministerio del Interior certificó 18 comunidades nuevas que deben ser consultadas, sumándose a las más de 230 que ya se habían atendido: “no pueden aparecer comunidades infinitamente”. Y ese “infinito” es, precisamente, el negocio: mientras más se dilate el proceso, más renta extrae quien negocia en nombre ajeno, y menos le llega a la comunidad real.
El país no puede seguir esperando. Aquí no estoy pidiendo eliminar la protesta social ni la consulta previa. Son derechos legítimos, conquistas históricas que se deben conservar. Lo que exijo es que el gobierno las reglamente antes de que terminen de asfixiar la inversión y el desarrollo del país. No puede ser que un solo bloqueo paralice una estación petrolera durante días sin consecuencias claras para quien lo organiza, ni que una sola comunidad frene un megaproyecto de interés nacional exigiendo veinte veces más que sus vecinos, ni que un proceso de consulta se alargue ocho años y siga sumando comunidades sin límite temporal ni territorial.
El llamado es directo al Gobierno Nacional: reglamenten la protesta social con criterios claros que distingan la manifestación legítima de la vía de hecho, y que tenga consecuencias patrimoniales automáticas para quien organice bloqueos que causen daño comprobado, tal como ya lo validó el Consejo de Estado.
Reglamentar la consulta previa, con plazos perentorios para su culminación, con topes razonables y verificables para las compensaciones económicas, y con criterios técnicos objetivos que exijan acreditar el daño real antes de exigir cualquier indemnización. No se puede seguir certificando comunidades sin límite ni permitir que la representación de un pueblo se convierta en el negocio privado de quien ostenta el liderazgo del momento.
Colombia necesita el gas de Sirius para reducir su dependencia de importaciones y la energía eólica que Colectora debe conectar al sistema nacional. Ninguno de esos dos objetivos estratégicos puede seguir secuestrado por la avaricia de unos pocos que disfrazan de derecho colectivo lo que en realidad es un cálculo personal de enriquecimiento. Si el país fue capaz de ponerle límites judiciales a la protesta violenta, tiene que ser igual de capaz de ponerle límites regulatorios, claros y con dientes, tanto a la protesta como a la consulta previa. Lo contrario es aceptar, con los brazos cruzados, que el futuro del desarrollo nacional siga en manos de falsos líderes.
Y como dijo el filósofo de La Junta: “Se las dejo ahí…” @LColmenaresR