Foto: Presidencia de la República
El Gobierno de la Vida del presidente Gustavo Petro le cumplió a la Guajira y sus comunidades Wayúu, en ejecución de la Sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional que declaró el estado de cosas inconstitucionales frente a la protección de especial de los derechos al agua, la salud y la alimentación para las comunidades de Riohacha, Manaure, Uribia y Maicao.
Con ese propósito, la Consejería Presidencial para las Regiones anunció la radicación ante el alto tribunal del Plan Estructural de Acción para la Guajira, que ratifica el compromiso del Estado con la garantía efectiva de los derechos fundamentales de la niñez del pueblo Wayúu.
La Consejería informó que el Plan “consolida el trabajo articulado de las entidades que integran el Mecanismo Especial de Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas, estableciendo una hoja de ruta con acciones, metas, indicadores, cronogramas, mecanismos de seguimiento y estrategias de sostenibilidad para avanzar en la superación del Estado de Cosas Inconstitucional declarado en los municipios de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia”.
De hecho, para dar cumplimiento a la Sentencia T-302/2017, a finales de junio de 2023 el presidente Gustavo Petro lideró, durante seis días, el primer Gobierno con el Pueblo, espacio en el que todas las entidades del Estado relacionadas con soluciones para La Guajira, trasladaron sus despachos a Riohacha para escuchar a las comunidades Wayúu.
La Consejería para las Regiones lideró el documento que será radicado en la Corte Constitucional y que “se convierte en política pública estructurada, medible y financiada” y con el acompañamiento técnico del Departamento Nacional de Planeación y las 27 entidades que comprometidas en la solución de estas problemáticas, integrando los componentes de los insumos desde cada comité técnico.
Una vez sea revisado y aprobado por el tribunal constitucional, el documento será llevado a consulta previa, y prevé una proyección de inversiones históricas para soluciones definitivas centradas en los objetivos constitucionales mínimos de salud, agua potable, seguridad alimentaria, movilidad e información; garantizando el proceso de diálogo genuino con los pueblos indígenas de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia.
Allí se contemplan metas de corto plazo (entre cero y dos años), de mediano plazo (entre dos y seis años) y de largo plazo (entre seis y diez años).
El DNP realizará el control al Plan Integral para cualquier ciudadano pueda consultar el avance por derecho, acción, entidad, municipio e indicador.
“El Gobierno del presidente Gustavo Petro garantiza que la transición hacia este nuevo Plan Estructural se realizará de manera gradual y bajo el principio de no regresividad. Las medidas urgentes que actualmente están en marcha no se suspenderán hasta que las soluciones definitivas se encuentren plenamente operativas y al servicio de la población”, asegura la Consejería Presidencial Para las Regiones.
De esta manera, “el Estado colombiano reafirma hoy, más que nunca, que la vida y los derechos de los niños y niñas del pueblo Wayúu de La Guajira son una prioridad nacional, concluye la entidad.
Con información de la Consejería Presidencial para las Regiones
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