Procuraduría destituyó e inhabilitó por 12 años a exsenador Eduardo Enrique Pulgar Daza

 

Procuraduría
destituyó e inhabilitó por 12 años a exsenador Eduardo Enrique Pulgar Daza



Procuraduría General de
la Nación destituyó e impuso inhabilidad general por 12 años al exsenador
Eduardo Enrique Pulgar Daza, por ofrecer $200 millones al entonces juez
promiscuo municipal de Usiacurí (Atlántico), Andrés Fernando Rodríguez Caez, a
cambio de favorecer a Luis Fernando Acosta Osío, miembro de la Junta Directiva
de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, en un proceso judicial.

De acuerdo con las
pruebas recaudadas “el senador después de exponer el contexto del
conflicto entre los directivos de la Universidad Metropolitana, le solicitó al
entonces juez de Usiacurí que lo ayudara con ese asunto porque esa universidad
le ponía unos voticos importantes y señaló que, algunos directivos de ese
centro educativo le apoyaban en sus compañas políticas para ser
congresista”.

La declaración del juez
Rodríguez Caez se sustentó con las grabaciones que aportó, en las que se
registran conversaciones en las que intervino como víctima y que comprometen a
Pulgar Daza.

Según el fallo
disciplinario, el exsenador abusó de su cargo al ofrecer una utilidad en dinero
a un juez de la República, con el firme propósito de que este “actuara a
favor de los Acosta, miembros de la Junta Directiva de la Universidad
Metropolitana y, de contera, para beneficio del disciplinado, porque los
Acosta, según lo admitió el procesado, le daban dinero para financiar su
campaña electoral al Congreso, además, le ayudaban con puestos y con
becas”.

El ente disciplinario
concluyó que el disciplinado propuso al juez un trato lucrativo a cambio de que
el funcionario incumpliera y quebrantara su deber de imparcialidad y eficiencia
como autoridad judicial.

La conducta, descrita
en la ley penal como el delito de cohecho, fue calificada por la Procuraduría
como falta disciplinaria gravísima cometida a título de dolo.

Esta decisión no fue
apelada por la defensa y, en consecuencia, el fallo disciplinario proferido por
la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular
quedó en firme. 


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