Se trata de alias Chipi y alias El Hermano, señalados de coordinar el ataque armado contra el senador y precandidato presidencial.
En atención a las pruebas obtenidas por la Fiscalía General de la Nación, Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi; y William Fernando González Cruz, alias El Hermano, aceptaron mediante preacuerdo su responsabilidad en la coordinación y articulación del magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio de 2025, en el occidente de Bogotá.
La negociación judicial fue avalada por una juez penal especializada, quien consideró que contempla penas ajustadas a la normatividad penal vigente. En ese sentido, alias Chipi será condenado a 26 años y 3 meses de prisión, y alias El Hermano a 21 años y 9 meses de prisión, por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, utilización de menores para la comisión de delitos; fabricación, tráfico, porte o tenencia agravada de armas de fuego; y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios.
La investigación, adelantada por el Grupo de Tareas Especiales de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, permitió conocer que los procesados organizaron varias reuniones en la localidad de Bosa y en otros puntos de la ciudad, con el propósito de planear las actividades relacionadas con el atentado. El día de los hechos, cada uno asumió un rol específico.
Arteaga Hernández diseñó el plan criminal y asignó las funciones a los demás implicados antes, durante y después del ataque. Adicionalmente, realizó labores de seguimiento a la víctima y verificaciones previas del lugar donde ocurriría el ataque. También entregó el arma de fuego al menor de edad que disparó contra el senador Uribe Turbay y supervisó de cerca la ejecución de la acción criminal.
Por su parte, González Cruz permaneció a bordo de un vehículo, a pocas cuadras del parque El Golfito, lugar donde se perpetró el ataque, y facilitó la huida de otros involucrados hasta un establecimiento de comercio del barrio Santa Fe. Igualmente, vendió uno de los teléfonos celulares empleados para coordinar y ejecutar el atentado, con el fin de entorpecer las labores investigativas de las autoridades.
Publicidad
