Redacción: Gente, Cultura y Pueblo
La ratificación por parte de la Corte Suprema de Justicia de la condena a 28 años y 3 meses de prisión contra Santiago Uribe Vélez no es una noticia judicial más; es un terremoto institucional que sacude las bases del poder político tradicional en Colombia.
Tras décadas de dilaciones, giros procesales y una polarización asfixiante, el máximo tribunal de la justicia ordinaria ha dejado en firme lo que durante años fue un secreto a voces en el norte de Antioquia: la existencia y operación criminal del temido grupo paramilitar “Los 12 Apóstoles” bajo la dirección del reconocido ganadero.
El fallo tiene tres dimensiones profundas que merecen ser analizadas más allá del ruido de las redes sociales:
1. El triunfo de la persistencia de las víctimas
Este veredicto es, ante todo, una victoria para los familiares de las más de 500 víctimas que dejó la estrategia de “limpieza social” y asesinatos selectivos de esta estructura criminal en los años noventa. Que un ciudadano común logre sostener una acusación de tal calibre contra el hermano de un expresidente de la República durante casi tres décadas —enfrentando el miedo, el exilio o el asesinato de testigos clave— demuestra que la memoria histórica resiste incluso ante las estructuras de poder más formidables.
2. La madurez e independencia de las instituciones
La justicia colombiana ha cojeado, es cierto (la investigación formal tardó demasiado en dar frutos tras ser archivada a finales de los noventa). Sin embargo, el hecho de que la Corte Suprema no haya flaqueado ante las inmensas presiones políticas y mediáticas del entorno de la familia Uribe Vélez envía un mensaje inequívoco: en una democracia sana, nadie está por encima de la ley. La valoración de más de 80 testimonios, que incluyen desde agentes de policía locales hasta exjefes paramilitares de la talla de Salvatore Mancuso o alias ‘Don Berna’, dotan al fallo de una solidez probatoria difícil de desmantelar con discursos de persecución política.
3. El impacto político y el dolor familiar
La reacción del expresidente Álvaro Uribe, quien calificó la noticia como “devastadora”, refleja el lado humano y la tragedia familiar del caso, pero también anticipa el coletazo político. El uribismo, golpeado en uno de sus flancos más sensibles, probablemente reforzará su narrativa de que los tribunales están politizados. No obstante, para el país político, este fallo cierra una era. Ya no se trata de señalamientos de la oposición o de ONGs; es la máxima instancia de la justicia la que ratifica los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado.
El verdadero desafío que sigue:
El veredicto no debe interpretarse como un trofeo de guerra para un sector político ni como una afrenta para el otro. Debe ser entendido como un espejo incómodo en el que Colombia tiene que mirarse: el reflejo de una época oscura donde las élites económicas, civiles y agentes del Estado se aliaron con el paramilitarismo bajo la premisa de la seguridad.
La condena a Santiago Uribe Vélez no borra el dolor del pasado, pero sienta un precedente histórico y saludable. La impunidad, por más blindada que parezca por el poder y el tiempo, tarde o temprano, tiene fecha de vencimiento.
Publicidad
