“El Estado central (la Nación) debe asumir la responsabilidad de administrar todos los centros carcelarios garantizando los recursos presupuestales para su adecuado funcionamiento”.
“Se está valorando la procedencia de ejercer el control disciplinario sobre los contratistas que prestan el servicio de alimentación a las personas privadas de la libertad”.
El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, presentó ante la Corte Suprema de Justicia un informe detallado sobre la crítica situación del sistema penitenciario y carcelario en Colombia, en el marco del seguimiento al estado de cosas inconstitucional, en especial el hacinamiento en entidades penitenciarias.
En el documento, el jefe del Ministerio Público expuso con rigor técnico y jurídico las persistentes falencias estructurales que afectan los derechos fundamentales de la población privada de la libertad y advirtió que, pese a los esfuerzos institucionales y algunas medidas adoptadas en los últimos años, el sistema carcelario continúa enfrentando graves problemas de hacinamiento, deficiencias en la prestación de servicios de salud, insuficiencia en programas de resocialización y limitaciones en la infraestructura física. Esas condiciones, según el informe, constituyen una vulneración sistemática de derechos como la dignidad humana, la salud y el debido proceso.
El Procurador General indicó que “el Estado central (la Nación) debe asumir la responsabilidad de administrar todos los centros carcelarios garantizando los recursos presupuestales para su adecuado funcionamiento”, y también habló de la necesidad de “buscar alternativas no punitivas para sancionar algunos delitos en el marco de la justicia restaurativa”.
De la misma manera, recomendó revisar las competencias de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC- y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC- en el manejo de los recursos presupuestales de las cárceles.
Eljach Pacheco anunció también que “se está valorando la procedencia de ejercer el control disciplinario sobre los contratistas que prestan el servicio de alimentación a las personas privadas de la libertad”.
El Procurador General hizo estas observaciones durante una audiencia convocada por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia para examinar el tema del hacinamiento en los centros carcelarios, pues en alguno de ellos la población supera en un 500 % la capacidad de los establecimientos.
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