Por: Hugues Gámez Gámez
Es injusto que los funcionarios con responsabilidad funcional en este caso, permitan que un robo de esta naturaleza quede impune, eso es acolitar con su silencio y quietud, la deshonrosa actuación de la empresa veolia, este dinero que le sacaron del bolsillo a estas comunidades humildes deben devolverlo.
Todos los funcionarios tienen conocimiento de lo sucedido, en consecuencia, el que no cumpla con las funciones que el cargo le impone, entonces debe ser acusado, debe ser denunciado, por omisión.
Ojalá y las veedurías ciudadanas existentes en san juan del cesar procedan a denunciar este caso, no se puede apoyar este robo de la empresa veolia, veolia no es ninguna vaca sagrada de san juan del cesar.
La administración municipal debe apoyar a los barrios Loma Fresca, Bethel, Manzanillo, y la Esperanza, en cuanto el cobro que le hizo la empresa veolia sin la brindarles la prestación del servicio de alcantarillado, la administración puede congelar los recursos que le transfiere a veolia por concepto de subsidio, tal como está contemplado en la Ley 715 del 21 de diciembre del 2001.
Este ha sido un hecho que ha generado inconformidad y malestar entre los habitantes de San Juan del Cesar, la empresa prestadora del servicio de alcantarillado Veolia, cobró de manera fraudulenta este servicio en sectores donde no existe infraestructura alguna para la evacuación de aguas residuales.
Comunidades como el barrio Betel, entre otras, han denunciado que en sus facturas mensuales aparecía el cobro del servicio de alcantarillado a pesar de no contar con redes ni conexiones sanitarias que lo justifiquen.
La situación ha encendido el debate en el municipio sobre la falta de supervisión y control en la facturación de los servicios públicos y ha llevado a líderes comunitarios exigir que se tomen medidas inmediatas, contra la empresa veolia.
Insistimos en proponer que el municipio congele los subsidios que entrega a la empresa Veolia para subsidiar el servicio a estratos bajos, como medida de presión hasta que se solucione el problema. “No se puede seguir premiando la ineficiencia o el abuso. Si no hay red de alcantarillado, no hay servicio, y si no hay servicio, no puede haber cobro.
Los concejales del municipio que iniciaron sesiones ordinarias el pasado primero del corriente mes y que también ha guardado un profundo silencio ante tan enorme atropello contra estas comunidades, como si fueran representantes de la empresa veolia y no los representantes del pueblo escogidos por elección popular, hagan siquiera la escaramuza para disimular su mal comportamiento con la ciudadanía afectada.
Estas comunidades y la veeduría deben denunciar al concejo municipal y los funcionarios que omiten su participación, ante la procuraduría.
Además, también se plantea la necesidad de que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios investigue estos cobros y determine las sanciones pertinentes, si se demuestra una vulneración de los derechos de los usuarios.
A esto se suma la preocupación por la falta de acción por parte de las autoridades locales, quienes han sido señaladas por su aparente pasividad ante las quejas ciudadanas.
Las veedurías ciudadanas deben solicitar una revisión minuciosa del contrato de concesión entre el municipio y Veolia, ya que —según indican— podría estar siendo incumplido por parte de la empresa, porque cobrar donde no se preste el servicio no puede ser procedente
Planeación municipal debe certificar si en los sectores donde veolia cobra el servicio de alcantarillado hay o n hay esas infraestructuras
Expertos en derecho administrativo y servicios públicos indican que cobrar un servicio inexistente constituye una falta grave que puede acarrear sanciones económicas e incluso la revocatoria del contrato. Además, advierten que los subsidios municipales no pueden destinarse a cubrir costos de servicios que no se prestan realmente, por lo que urge revisar el manejo de los recursos públicos entregados a Veolia.
Mientras tanto, los ciudadanos continúan recibiendo facturas que consideran abusivas, y enfrentan además los riesgos sanitarios derivados de la ausencia de un sistema de alcantarillado funcional: pozos sépticos colapsados, aguas negras en patios y calles, malos olores y proliferación de enfermedades infecciosas, sobre todo en temporada de lluvias.
La comunidad exige justicia, transparencia y soluciones urgentes.